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SANCIONES
La justicia condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y a su aseguradora a indemnizar a la joven al perder su pierna debido a una cadena de errores médicos en el tratamiento de un tumor cancerígeno.
El caso, que se remonta a 2015, pone de manifiesto graves deficiencias en el sistema sanitario y establece un precedente en las compensaciones por negligencia médica en España. Una odisea médica de tres años comenzó en noviembre de 2015, cuando la paciente, entonces de 28 años, acudió al servicio de traumatología del Complejo Hospitalario de Toledo por un bulto en la rodilla.
A pesar de que las pruebas iniciales no descartaban malignidad, no se la derivó a un centro especializado en tumores óseos. En su lugar, se realizó una cirugía incompleta en el hospital local. Cuando finalmente se realizó un nuevo control en abril de 2018, la situación ya era alarmante. El retraso en el diagnóstico y tratamiento adecuados había permitido que la neoplasia progresara significativamente, limitando drásticamente las opciones terapéuticas disponibles.
“Durante un período crítico de 22 meses, no recibió el seguimiento médico adecuado que su condición requería", declara Abelardo Moreno, abogado de la demandante y director del despacho Neurolegal.
Ante la gravedad de la situación se derivó a la paciente a la unidad especializada en oncología musculoesquelética del Hospital Universitario La Paz, reconocido centro de referencia nacional en sarcomas óseos. Tras una evaluación exhaustiva por parte de un equipo multidisciplinar, se determinó que la única opción viable para prevenir la diseminación metastásica era realizar una amputación transfemoral en julio de ese mismo año.
El abogado especialista en negligencias médicas indica como: "Este caso pone de manifiesto la importancia crucial de un seguimiento riguroso en casos de sospecha oncológica. La indemnización otorgada refleja no solo el daño físico y emocional sufrido, sino que garantiza el coste futuro de los gastos de rehabilitación y de prótesis tan necesarios en personas que han sufrido una amputación". Una sentencia que sienta precedentes y que fue el 21 de mayo de 2024, reconoce múltiples fallos en la atención médica recibida por la joven.
Según la magistrada, las pruebas demuestran una serie de fallos en la atención médica. Se produjo un error de diagnóstico al considerar benigno un tumor sin realizar una biopsia completa para confirmarlo. A pesar de los riesgos conocidos de la compleja intervención, se decidió operar sin derivar a la paciente a una Unidad de Referencia especializada en tumores óseos, donde podría haber recibido un tratamiento más adecuado conforme al estado actual de la ciencia médica.
La sentencia también señala graves deficiencias en el seguimiento post-operatorio. Tras la operación, no se descartó la malignidad del tumor, y no se realizó la extirpación completa que se había recomendado. El hospital no llevó a cabo el seguimiento necesario, a pesar de que el SESCAM reconoce que era su responsabilidad. La paciente solo fue llamada para revisión cuando la amputación era ya inevitable, privándola de la posibilidad de recibir un tratamiento que podría haber evitado este desenlace.
La jueza concluye que estos errores privaron a la joven "de la posibilidad cierta de haber conservado la pierna". Por tanto, se determina la responsabilidad del SESCAM y se ordena indemnizar a la paciente. Aunque el SESCAM ha reconocido cierta responsabilidad, lo ha hecho a título de pérdida de oportunidad por un error meramente administrativo, una versión que el tribunal ha rechazado.
En este caso la Inspección del Servicio de Salud de Castilla La Mancha admitió un "fallo organizativo", reconociendo el retraso de 22 meses en la realización de una prueba de control. Sorprendentemente la aseguradora de la Administración Sanitaria eligió defender la ausencia de negligencia médica en lugar de compensar a la victima "En estos casos de pérdida de un miembro máxime en una persona tan joven la inclusión en la indemnización de los gastos futuros de prótesis es particularmente significativa.
Esta provisión garantiza que la paciente pueda acceder a la mejor tecnología protésica disponible sin preocupaciones financieras, mejorando significativamente su calidad de vida y posibilidades de integración social y laboral” comenta el letrado Moreno.
Sin embargo, para la afectada, el caso va más allá de lo económico. "Ninguna cantidad de dinero puede devolverme la pierna o los años perdidos", declara. "Mi esperanza es que este caso sirva para que ningún otro paciente tenga que pasar por lo mismo". El abogado Abelardo Moreno considera que esta sentencia tendrá importantes repercusiones en el ámbito sanitario y legal.
"Esperamos que esto lleve a un mayor escrutinio de los protocolos de atención y que impulse reformas en la formación médica y en los sistemas de control de calidad hospitalarios", señaló. La sentencia no es firme y contra la misma cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
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