Pisos, sociedades y polémica: el caso que tumbó a Mínguez

DIMISIÓN EN EL PSOE

La actividad inmobiliaria de su pareja motivó la renuncia de la portavoz de la Ejecutiva socialista; Montse Mínguez.

Montse Mínguez, exportavoz de la Ejecutiva Federal socialista. | Europa Press

Montse Mínguez, una de las principales voces del PSOE y portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, se convirtió en el centro de una creciente polémica política a raíz de las informaciones publicadas sobre los negocios inmobiliarios de su pareja, el empresario leridano Sergi Vélez. El asunto escaló rápidamente desde el ámbito económico al político porque afectaba de lleno a uno de los grandes ejes del discurso socialista en esta legislatura: la vivienda.

La controversia comenzó con la publicación de datos sobre el grupo empresarial dirigido por Vélez, un conglomerado inmobiliario con actividad en la compra, rehabilitación, promoción y alquiler de inmuebles. Según las informaciones conocidas, el empresario figura vinculado a una red de sociedades mercantiles que gestiona una importante cartera inmobiliaria y mantiene actividad tanto en España como en otros países.

El dato que más repercusión generó es la existencia de una treintena de viviendas destinadas al alquiler. Las propiedades estarían gestionadas fundamentalmente a través de Nest Capital Homes, una de las sociedades del grupo. Las cuentas conocidas de la empresa reflejan activos de varios millones de euros y una actividad sostenida en el mercado residencial catalán, particularmente en Lleida. La polémica adquirió una dimensión aún mayor al conocerse que algunas de estas sociedades habrían impulsado procesos judiciales de desahucio por impago contra inquilinos. Aunque la actuación se habría producido dentro de los cauces legales previstos por la legislación vigente, el asunto fue utilizado por los adversarios políticos del PSOE para denunciar una supuesta contradicción entre el discurso socialista en defensa de los inquilinos y la actividad empresarial de la pareja de una de sus dirigentes más relevantes.

Estructura societaria

Las críticas se intensificaron después de que afloraran datos sobre la estructura societaria del grupo familiar. Diversos medios publicaron la existencia de dos sociedades radicadas en Panamá vinculadas al entramado empresarial familiar de los Vélez. La mera existencia de estas compañías no implica ninguna ilegalidad ni supone por sí misma una infracción fiscal, pero su aparición en plena precampaña electoral alimentó el debate político debido al permanente discurso socialista contra la evasión fiscal y los paraísos financieros.

El caso abrió además un debate sobre la tributación de algunas de las empresas del grupo. Varias informaciones periodísticas sostienen que una de las sociedades principales dedicadas al alquiler residencial habría encadenado durante varios ejercicios sin abonar el Impuesto de Sociedades gracias a mecanismos legales derivados de bases imponibles negativas y deducciones fiscales. Las publicaciones consultadas señalan que la compañía declaró ingresos millonarios durante esos años, pero no generó cuota tributaria positiva como consecuencia de la aplicación de distintos instrumentos contemplados en la normativa fiscal. Aunque desde el punto de vista jurídico no se denunció ninguna irregularidad acreditada ni existe procedimiento judicial alguno contra Mínguez por estos hechos, finalmente, la hasta hace poco portavoz del PSOE optó por presentar la dimisión para evitar un desgaste electoral a su partido.

Una de las voces más críticas con la especulación inmobiliaria

La polémica adquiere una dimensión todavía mayor por el papel que Montse Mínguez desempeñó en los últimos años como una de las principales defensoras de la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la tribuna del Congreso, la dirigente socialista fue una de las voces encargadas de defender las iniciativas legislativas del Ejecutivo destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, limitar los precios del alquiler en determinadas zonas tensionadas, aumentar la protección de los inquilinos y endurecer las condiciones para los grandes propietarios de vivienda.

Como portavoz del PSOE en distintos debates parlamentarios, Mínguez respaldó públicamente los decretos y reformas aprobados por el Gobierno para combatir la escalada de precios que afecta a miles de familias. En numerosas ocasiones defendió la necesidad de reforzar los derechos de los arrendatarios frente a los propietarios con un amplio parque de viviendas y acusó a la oposición de proteger intereses especulativos dentro del mercado inmobiliario.

Precisamente por ello, las revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario atribuido al entorno empresarial de su pareja generaron una fuerte controversia política. Sus adversarios consideran que existe una evidente contradicción entre el discurso público que la dirigente socialista defendió durante años y la actividad económica desarrollada por un empresario dedicado al alquiler de viviendas y a la inversión inmobiliaria. Las críticas se intensificaron después de conocerse que las sociedades vinculadas a Sergi Vélez gestionan una importante cartera de inmuebles destinada al arrendamiento y que algunas de esas empresas recurrieron a procedimientos judiciales para recuperar viviendas ocupadas o alquiladas por inquilinos morosos.

Aunque esas actuaciones se ajustan a los mecanismos previstos por la legislación vigente y no implican ninguna irregularidad acreditada, la oposición sostenía que resultaba difícil compatibilizar determinados mensajes políticos sobre vivienda con la actividad empresarial desarrollada en el ámbito privado por el entorno de Mínguez y tras dos días desde el inicio de las informaciones, la representante socialista dimitió.