El PP pide a Bruselas revisar el contrato de las pulseras antimaltrato tras fallos graves en España

El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que revise el contrato de las pulseras antimaltrato en España, después de que se registraran múltiples fallos en el sistema Cometa, el dispositivo de seguimiento telemático destinado a proteger a las víctimas de violencia de género. La iniciativa ha sido presentada por la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, mediante una nueva pregunta parlamentaria, la segunda sobre este asunto desde 2023.

Según el PP, los fallos recientes han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres. El caso más reciente afectó a una víctima que, al cruzarse con su agresor sin que la pulsera alertara, sufrió un ataque de pánico. Además, la mujer recibió explicaciones incorrectas por parte del centro Cometa, encargado de gestionar y verificar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Fallos graves y repercusión judicial

En su iniciativa, Estaràs denuncia que el sistema ha presentado fallos graves en los últimos años, incluyendo pérdida masiva de datos durante cambios de empresa adjudicataria, manipulación de dispositivos sin generar alertas, errores de geolocalización, resistencia al agua inferior a la certificada, señales confusas para alertas de batería baja y agresor cercano, así como desconexiones que habrían afectado a miles de usuarias.

Estos problemas habrían tenido repercusión judicial, con sobreseimientos y absoluciones por falta de pruebas reconocidos por varias audiencias provinciales y mencionados por la Fiscalía General del Estado. A pesar de ello, el Gobierno español no ha asumido responsabilidades ni ha rescindido el contrato adjudicado en 2023, mientras que el Ministerio de Igualdad asegura que espera "a las conclusiones de las investigaciones internas y externas" antes de actuar.

Estaràs ha reclamado a Bruselas que revise la adjudicación y ejecución del contrato para verificar si cumple con las normas europeas de contratación pública y los principios de buena gestión financiera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). También ha solicitado que se evalúe la posibilidad de exigir a España un informe detallado sobre los fallos técnicos, la pérdida de datos y los procedimientos judiciales afectados, así como aplicar correcciones financieras en caso de incumplimiento.

"No basta con decir que todo funciona; hay que demostrarlo. Y ahora mismo hay demasiadas incógnitas. Es la segunda vez que se acude al Parlamento Europeo porque las respuestas en España no están siendo suficientes", concluyó la eurodiputada balear del PP.