El PP pide identificar a los recepcionistas de Ferraz para ampliar su querella contra el PSOE

El PP ha solicitado que se identifique a las personas que estaban trabajando en la recepción de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz el día que se hizo la presunta entrega de 90.000 euros para conseguir una licencia para una empresa de hidrocarburos.

Los populares piden la práctica de dicha diligencia en la querella que han presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

Para el PP, "la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político" es un indicio bastante importante como para "iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos".

Así, ha solicitado al juez Pedraz quedar personado en el "caso hidrocarburos" y ampliar las pesquisas a lo relatado en la querella.

Informantes anónimos

En su querella, los de Núñez Feijóo consideran que esas supuestas entregas de dinero a las que se refieren los informantes anónimos que hablaron para "The Objective" "guardan directa relación con la obtención del título de operador en el sector de hidrocarburos de la empresa Villafuel".

Por eso, además de ir contra el PSOE, la querella se extiende al exasesor de Ábalos; al conseguidor de la "trama Koldo", De Aldama -investigado ya en la causa de Pedraz-; a Claudio Rivas -empresario conectado con De Aldama y también investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5-; y a la mercantil Villafuel.

Subraya que de esos testimonios se desprende que "el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel". "Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros, y que esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo", cita el PP cogiendo textuales de la noticia y el vídeo que la acompañaba.

El intermediario

La intermediación de De Aldama, subraya el PP, en la obtención de la licencia obedecería "a las relaciones que le unían con altos cargos del Gobierno de España en ese momento, y, concretamente, con el querellado Koldo García".

El PP, siempre citando a esos informantes anónimos, indica que habría existido una reunión a la que asistieron Rivas, De Aldama y Koldo García en la que el conseguidor indicó que estaba "prácticamente hecho" a falta de que se pagaran 600.000 euros mediante transferencias y en efectivo.

"Unos pagos con una finalidad inequívoca, a juicio del informante, que no sería otra que sus contactos dentro del Gobierno, puedan negociar la concesión de esa operadora", asevera el PP.

El PP añade que según la noticia en la que basan su querella, "al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del PSOE". "Así, en la grabación de la entrevista que acompaña a la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista", explica.

Dinero transportado en una "bolsa de plástico"

Siempre aludiendo al testimonio anónimo, el PP dice que el informante asevera que "el pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020", y que el efectivo fue "transportado en una bolsa de plástico". Pone el foco en que "en su visita a la sede del citado partido político, no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte de De Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último, y que esperaban la visita de otras personas en su representación", añade.

Esa supuesta entrega, dice el PP, es la base para el supuesto delito de financiación de partidos dado que "se trataría de una aportación económica finalista (para obtener el título de operador) y superior al límite de 50.000 euro previsto por persona y año que establece la Ley Orgánica 8/2009, de 4 de julio".

Además de dar con la identidad de los recepcionistas, el PP quiere que se interrogue por estos extremos tanto a De Aldama, Claudio Rivas, Koldo García y Villafuel así como al representante especialmente designado del PSOE. También interesan la testifical de Juan Ignacio Díaz Bidart --exalto cargo de Industria--, y que el responsable de seguridad del Partido Socialista certifique los protocolos en vigor para el registro de visitantes, ya sean escritos o verbales, en vigor en octubre de 2020.