PP, Vox y Junts tumban la subida de las pensiones y la prórroga del escudo social

El Congreso de los Diputados rechazó este martes el decreto ley del Gobierno que incluía la revalorización de las pensiones del 2,7% para 2026 y la prórroga de varias medidas del denominado escudo social, como la prohibición de desahucios y el veto a los cortes de suministros básicos a personas vulnerables. La iniciativa decayó tras el voto en contra de PP, Vox y Junts, que sumaron 178 ‘noes’ frente a los 171 votos favorables.

Las tres formaciones repitieron la estrategia del año pasado y justificaron su rechazo en la decisión del Ejecutivo de agrupar en un único texto la subida de las pensiones con otras medidas sociales. Especialmente controvertida fue, para la derecha, la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que el Gobierno defendió como limitada a grandes tenedores y acompañada de compensaciones económicas.

Un decreto con amplio impacto social

El decreto afectaba directamente a más de 13 millones de personas, al contemplar no solo la actualización de las pensiones contributivas, sino también subidas mayores para las pensiones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, además de descuentos en la factura eléctrica y la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables. También incluía ayudas fiscales para afectados por la dana y los incendios del pasado verano.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusó a los partidos que votaron en contra de “hacer daño a pensionistas y personas vulnerables” y recordó que tumbar el decreto supone dejar sin efecto medidas de protección social ampliamente respaldadas. El Ejecutivo ya ha avanzado que intentará aprobar de nuevo la subida de las pensiones mediante un nuevo decreto, previsiblemente separando esta medida del resto del paquete social.

La votación provocó fuertes reproches desde la izquierda parlamentaria, que acusó a PP y Junts de “mentir” sobre el alcance real de la suspensión de desahucios y de anteponer la confrontación política a la protección social. Mientras tanto, algunos socios del Gobierno, como el PNV o Coalición Canaria, aunque apoyaron el decreto, criticaron la fórmula del texto ómnibus y reclamaron mayor negociación previa.

Como ocurrió en 2025, el Ejecutivo confía en reconducir la situación en las próximas semanas para evitar que la caída del decreto tenga un impacto real en las nóminas de febrero y garantizar que la subida de las pensiones se mantenga vigente.