El protocolo de acogida de menores migrantes de Canarias podría ser "una vulneración grave de derechos"

El Ministerio de Juventud e Infancia envía a la Fiscalía un informe en el que expone que el protocolo aprobado por el Ejecutivo de Canarias sobre la acogida de menores migrantes "puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España".

Fuentes del Ministerio, que lidera Sira Rego, comunican este sábado la remisión del informe, subrayando que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es "exclusiva" de la comunidades autónomas, independientemente de la situación en la que se encuentren.

Vulneración de la Constitución y falta a la Carta de Derechos del Niño

Desde el Ministerio, avisan: "Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo". El informe remitido por Juventud e Infancia a la Fiscalía de Menores considera que el protocolo canario vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. De la misma forma, tampoco atiende "al interés superior del menor, reconocido en la Carta de Derechos del Niño y legislación orgánica".

Por último, en el informe señalan que "es contrario al Estatutos de Autonomía de Canarias, en la medida en la que esta no se ejerce la competencia exclusiva en materia de protección de menores".

Protocolo en el Boletín Oficial de Canarias

Este jueves, el Boletín Oficial de Canarias publica el protocolo aprobado por el Gobierno autonómico, que reivindica defender así el interés general del menor y con el que trata de acabar con el "desorden" en los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas.

Dicha iniciativa establece una previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, informó este viernes de que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no acoge a los niños y jóvenes que llegan en patera al archipiélago.