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Autorización por circunstancias excepcionales
El PSOE ha presentado una propuesta para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, mediante una "autorización por circunstancias excepcionales única".
El objetivo es desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que busca regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras y que lleva más de un año estancada en el Congreso de los Diputados.
Según el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, esta autorización permitiría residir y trabajar en todo el territorio nacional a quienes cumplan los requisitos que se establecerán mediante Real Decreto.
La propuesta está aún sujeta a cambios, pero plantea una solución intermedia frente al parón de la ILP que fue respaldada en su momento por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox.
El PSOE reconoce que el nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde este martes, deja fuera a muchas personas que han permanecido en España durante años, pero que no podrán acceder a esta autorización.
Entre ellas, están quienes desistieron de su solicitud de protección internacional o quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo han mostrado su preocupación, especialmente en el caso de menores migrantes excluidos de la protección internacional. Desde noviembre de 2024, varias ONG vienen advirtiendo del impacto negativo del nuevo reglamento sobre las personas solicitantes de asilo.
En su exposición de motivos, el borrador socialista afirma que la migración ha sido determinante en la historia de España, y que hoy sigue siendo clave para construir su presente y futuro.
“España ha dejado de ser solo un país de tránsito o de entrada a Europa, para convertirse en un país de destino y acogida”, recoge el texto.
Aunque la ILP fue tomada en consideración en abril de 2024 con amplio apoyo parlamentario, su tramitación quedó bloqueada durante meses por sucesivas prórrogas en el plazo de enmiendas. En septiembre, la Mesa del Congreso reactivó el proceso, pero aún no se ha acordado un texto definitivo.
Mientras tanto, el movimiento Regularización Ya, que impulsó la iniciativa con más de 700.000 firmas, denuncia la falta de voluntad política para llevarla al Pleno del Congreso.
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