Sánchez pide a la UE blindar al Tribunal Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Comisión Europea que active el Estatuto de Bloqueo para evitar que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces, fiscales y relatores internacionales tengan efecto dentro de la Unión Europea.

La petición se ha formalizado en una carta enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que el Ejecutivo español alerta de que estas medidas de Washington contra miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) y de Naciones Unidas que investigan posibles crímenes en Gaza suponen una amenaza directa a la independencia de la justicia internacional.

Sánchez sostiene que sancionar a quienes investigan violaciones de derechos humanos “erosiona la arquitectura del sistema internacional” y advierte de que la UE no puede permanecer pasiva ante decisiones que afectan al funcionamiento de instituciones clave como el TPI o la ONU.

El Estatuto de Bloqueo, un reglamento comunitario creado en 1996, permite a la Unión Europea neutralizar la aplicación en su territorio de sanciones extraterritoriales de terceros países cuando afectan a intereses europeos. Hasta ahora, su uso ha estado ligado principalmente a conflictos comerciales, pero España plantea ahora ampliarlo para proteger también la acción de la justicia internacional.

España pide ampliar el Estatuto de Bloqueo ante un escenario global más tenso

En su escrito, el presidente del Gobierno pide que la UE incorpore al reglamento las órdenes ejecutivas estadounidenses que han dado base a las sanciones recientes, entre ellas las firmadas durante la administración de Donald Trump, que afectaron a magistrados del TPI y a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

Moncloa subraya que estas medidas incluyen restricciones financieras, bloqueos de cuentas, limitaciones de viaje y obstáculos para el desempeño de sus funciones, lo que en la práctica dificulta la labor de investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos en el conflicto de Gaza.

El Gobierno español considera que la respuesta europea debe ir más allá del ámbito económico y convertirse en un “escudo jurídico” frente a cualquier intento de presión externa sobre instituciones internacionales. En este sentido, defiende que el Estatuto de Bloqueo debe adaptarse a un contexto global en el que la justicia internacional también puede verse afectada por sanciones políticas.

Además, España trabaja para sumar apoyos dentro de la UE con el objetivo de articular una posición común europea y llevar el debate al próximo Consejo Europeo, donde pretende impulsar un mandato político claro a la Comisión para actuar.

Sánchez insiste en que el momento actual exige reforzar el compromiso europeo con el Derecho Internacional y evitar que la presión de terceros países debilite la capacidad de organismos como el TPI para investigar crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad.