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SANIDAD PÚBLICA
El Ministerio de Sanidad pretende acabar con el modelo Muface a partir del 1 de enero de 2025 para incorporar a la sanidad pública en 9 meses a un millón de funcionarios que reciben ahora mismo asistencia privada.
Según un informe `Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud`, dado a conocer por la propia Mónica García este lunes, el sistema actual es insostenible. Madrid y Andalucía serían dos de las comunidades autónomas más afectadas. La propuesta de Mónica García, la titular del ministerio, se distancia del intento de Función Pública de renovar el nuevo contrato con las aseguradoras privadas.
Sanidad cree que ha llegado la hora de pasar página después de que el concurso de Muface haya quedado desierto porque las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV han renunciado a presentarse. Tiene diseñado un plan de transición, y el ministerio propone prorrogar durante nueve meses el concierto e ir incorporando paulatinamente a los funcionarios a la sanidad pública.
Aunque admite que, en caso de tomar la decisión de incorporar a esta población, "habría que trabajar en estudios posteriores en mayor profundidad haciendo uso de los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las comunidades autónomas e Ingesa", el informe deja claro que "el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita".
El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible" porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface; e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".
Optar por esta iniciativa significa "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después". Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de Muface; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.
En este plan deberán identificarse los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que "precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público". En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria, como es que estén en situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos, se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
En cuanto a la financiación, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros 3 años.
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