La Seguridad Social asumirá el pago de la baja médica a las víctimas de violencia machista desde el segundo día

RENTA MÍNIMA PARA HUÉRFANOS

El Estado asumirá el coste económico de la baja laboral para las víctimas de violencia de género a partir de la segunda jornada y fija una renta mínima de dos salarios mínimos para las prestaciones de huérfanos de violencia machista y víctimas del terrorismo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026 | Europa Press

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto-ley que descarga a las empresas del coste económico derivado de las bajas médicas por agresión machista. La normativa estipula que, cuando una víctima de violencia de género deba causar baja médica, la empresa solo abonará el salario de la primera jornada, pasando la Seguridad Social a asumir el pago íntegro de la prestación económica desde el segundo día.

La cuantía reconocida para estas trabajadoras se situará en el 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja temporal, incrementándose hasta el 75% a partir del día 21. Esta reforma, diseñada para blindar el mantenimiento del empleo y aliviar las cargas a las trabajadoras y empleadores, tendrá que someterse a debate y convalidación en la Diputación Permanente del Congreso antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.

De forma paralela, el Ejecutivo central ha acometido un incremento sustancial en la protección económica dirigida a los huérfanos de la violencia machista. Las pensiones contributivas por orfandad contarán a partir de ahora con un suelo garantizado equivalente a dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI). En el caso de las coberturas de naturaleza no contributiva, el importe también se incrementa de forma notable y podrá llegar hasta ese mismo umbral de dos veces el SMI.

El decreto incluye además una subida para las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. El texto establece que ninguna de estas prestaciones podrá estar por debajo del equivalente al doble del salario mínimo, lo que fija un suelo garantizado de 2.442 euros mensuales, un incremento del 36% sobre los importes vigentes hasta la fecha.

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