Las leyes que decaen con el adelanto electoral de Sánchez: aborto, Violencia Vicaria o derechos LGTBI+

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre tendrá consecuencias inmediatas sobre la actividad legislativa. La disolución de las Cortes Generales hará decaer numerosos proyectos impulsados por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que todavía no habían completado su tramitación.

Entre ellos se encuentra la Ley de Violencia Vicaria, que había superado el 30 de septiembre su primer examen en el Congreso. La norma planteaba considerar este tipo de violencia como agravante de género, retirar automáticamente la patria potestad a padres condenados por maltrato y prohibir a los condenados hablar sobre el crimen durante un máximo de 20 años.

También queda pendiente la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que todavía esperaba su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, y la ley destinada a castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había pasado por el Congreso y se encontraba en el Senado.

La reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, actualmente en tramitación parlamentaria, tampoco podrá completarse.

La Ley de Familias y otras medidas de Sumar

En el área de Derechos Sociales, una de las principales normas afectadas será la Ley de Familias, que permanecía varada en el Congreso. A ello se suma que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado impedirá sacar adelante la prestación universal por crianza que perseguía Sumar.

Tampoco prosperará la Ley de Servicios Sociales que había impulsado inicialmente Ione Belarra y que asumió posteriormente el ministro Pablo Bustinduy. El texto ni siquiera había vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.

Protección de menores y acceso a redes sociales

El adelanto también frena el proyecto de ley para proteger a los menores en los entornos digitales, actualmente en fase de ponencia en el Congreso y que tenía entre sus principales objetivos restringir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años.

Queda igualmente pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que contemplaba garantizar la escucha de los menores y el alejamiento de progenitores acusados de maltrato.

A estas iniciativas se añaden la proyectada Ley de familias acogedoras y la Ley de Juventud en la que trabajaba el departamento de Sira Rego, que pretendía incluir el derecho a voto a partir de los 16 años.

Las reformas pendientes en materia migratoria

La convocatoria electoral afectará además a la adaptación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. No saldrán adelante la nueva Ley de Asilo ni la reforma de la Ley de Extranjería, cuyos anteproyectos habían sido aprobados en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

Distinta es la situación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sobre el reparto obligatorio de menores no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. Al haber sido convalidado previamente como decreto-ley, seguirá vigente tal y como fue publicado en el BOE, aunque decaiga su posterior tramitación como proyecto de ley.

El Ejecutivo estudiaba asimismo otro decreto destinado a acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta, una iniciativa que también queda condicionada por el final anticipado de la legislatura.