Así son las nuevas señales de tráfico sin connotaciones de género

"Fomentar así un lenguaje visual más inclusivo" y transmitir mensajes "claros, directos y universalmente comprensibles". Esas son las razones que han llevado al Consejo de Ministros a aprobar este martes una modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial, vigente desde 2003.

La nueva señalización "recoge los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad experimentados en las últimas dos décadas" y busca "mejorar la seguridad vial y la eficacia en la gestión del tráfico", según ha informado el Ministerio de Interior. Una de las principales medidas ha sido eliminar las connotaciones de género en la simbología.

El Ejecutivo ha modificado el diseño y definición de numerosos elementos de señalización, como señales verticales, marcas viales y una clarificación específica de la señalización circunstancial. Se introducen nuevas señales que "responden a demandas actuales y se eliminan aquellas que han quedado obsoletas o que ya no están contempladas por normativas recientes", añade.

Las modificaciones, según Interior, buscan alinear el reglamento con la Ley sobre Tráfico, mejorar la comprensión y visibilidad de las señales, modernizar pictogramas como los del ferrocarril o la bicicleta, y dar una mejor respuesta a las necesidades de peatones y ciclistas.

Algunas de las nuevas señales que se incorporan al catálogo son una señal de peligro por ser una zona frecuentada por ancianos, en la que aparecen un hombre y una mujer, ambos con bastón; la señal del patinete eléctrico o la que indica que deben viajar más de dos personas dentro del vehículo.

El real decreto de reforma entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2025, pero el cambio físico de las señales se realizará de forma progresiva y coordinada con los ciclos de renovación habituales para reducir las cargas administrativas y optimizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, las señales que han sido suprimidas deberán ser retiradas por razones de seguridad jurídica en el plazo de un año desde la entrada en vigor del real decreto.