El Supremo aplica la amnistía a Junqueras y otros tres líderes del “procés” y choca con el Constitucional

La amnistía a los dirigentes del “procés” ha entrado en su fase final en medio de un enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por la interpretación de la ley. El Supremo acordó el martes aplicar la medida de gracia al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, mientras mantiene pendiente su decisión sobre el expresident Carles Puigdemont.

La resolución se produjo después de que el Constitucional fijara su doctrina sobre la aplicación de la norma, lo que provocó un cruce de reproches entre ambos órganos judiciales. El desacuerdo se centra en la interpretación del delito de malversación y en los límites de la intervención del tribunal de garantías.

Marchena critica la “injerencia” del Constitucional

El auto del Supremo fue elaborado por el magistrado Manuel Marchena, que presidió el tribunal encargado de juzgar el proceso independentista catalán. En su resolución, el juez cuestionó las críticas del Constitucional a la interpretación del Supremo y calificó algunas de sus consideraciones de “absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”.

Marchena también recordó que cinco magistrados del sector conservador del Constitucional discreparon de la decisión mayoritaria. A su juicio, ese desacuerdo dificulta aceptar la supuesta irracionalidad que, según recoge el auto, se atribuye a la decisión del Supremo.

Desde el Constitucional rechazan las acusaciones de injerencia y sostienen que el Supremo parte de una premisa equivocada, ya que corresponde al propio tribunal de garantías delimitar su ámbito jurisdiccional. Fuentes de este órgano subrayan que sus resoluciones son vinculantes y que la legislación que lo regula impide plantear ante él cuestiones de jurisdicción o competencia.

El Constitucional exige amnistiar la malversación

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, fue el encargado de redactar la sentencia sobre la amnistía. En ella, reprochó al Supremo haber realizado una “interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad” de la ley para evitar aplicar la medida al delito de malversación.

Conde-Pumpido reclamó que se declarase amnistiado ese delito, mientras que Marchena cuestionó la necesidad de las críticas formuladas por el Constitucional contra el criterio del Supremo.

El enfrentamiento jurídico deja todavía pendiente la situación de Puigdemont, cuya aplicación de la amnistía deberá resolver el Supremo, en un proceso que continúa marcado por las diferencias entre ambos tribunales sobre el alcance de la ley.