El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, el tribunal le obliga a indemnizar al afectado con 10.000 euros por daños morales.

El fallo, adelantado este jueves a las partes aunque todavía sin sentencia redactada, no ha sido unánime. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela— y el rechazo de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, ambas de perfil progresista. Polo, ponente inicial, expresó su discrepancia y finalmente será Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, quien redacte la resolución definitiva.

Se trata de un fallo histórico, ya que es la primera vez que un fiscal general en activo se sienta en el banquillo. El tribunal ha resuelto solo una semana después de concluir el juicio, comunicando el veredicto a las partes, si bien no entrará en vigor hasta la notificación formal de la sentencia.

El artículo 417.1 del Código Penal, aplicado en la condena, sanciona a la autoridad pública que revele información obtenida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada, con penas de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación de uno a tres años. El Supremo ha optado por el tramo inferior.

El origen del caso

El proceso se centró en dos hechos clave:

1. La presunta filtración a la Cadena SER, el 13 de marzo de 2024 por la noche, del correo que la defensa de González Amador envió en febrero ofreciendo reconocer delitos fiscales para evitar la prisión.
2. La nota de prensa difundida por la Fiscalía la mañana del 14 de marzo para desmentir la información publicada por El Mundo, atribuyendo al fiscal una oferta de acuerdo.

Aunque inicialmente el Supremo descartó que la nota de prensa constituyera delito, la investigación acabó reincorporándola al proceso.

Las acusaciones sostuvieron que la filtración del correo no fue más que el medio para justificar el comunicado que, a su juicio, perjudicó gravemente a González Amador. El empresario declaró que aquello lo convirtió en “el delincuente confeso del Reino de España”.

La defensa, por su parte, afirmó que “la única filtración acreditada” fue la realizada desde el entorno del propio González Amador, tras reenviar un pantallazo de un correo del fiscal del caso. Y subrayó que varios periodistas declararon haber conocido la información relevante antes de que García Ortiz recibiera el correo que se le atribuye como filtrado.

Durante el juicio, también declaró la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien dijo haber advertido al fiscal general de que habría filtraciones. “Álvaro, ¿has filtrado tú?”, aseguró que le preguntó, a lo que él negó.

En su última palabra, García Ortiz reiteró su inocencia, alegando que actuó motivado por su “obsesión por esclarecer lo sucedido” y por defender a la institución frente a lo que consideraba una campaña de desprestigio. “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, afirmó.

La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.