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El Tribunal Supremo ha confirmado que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá abonar 39.009,48 euros en costas procesales por el procedimiento en el que fue condenado por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de García Ortiz, y ratifica así la cantidad fijada el pasado mes de marzo por la letrada de la Administración de Justicia.
La cuantía confirmada supone aproximadamente la mitad de la tasación inicial, que ascendía a 79.942,70 euros. Tras una primera revisión, el tribunal excluyó diversos conceptos y redujo la factura judicial hasta los algo más de 39.000 euros, una cifra que ahora queda confirmada de forma definitiva.
La Sala considera que esa reducción ya fue suficiente y rechaza una nueva rebaja solicitada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.
Entre los argumentos planteados, la Abogacía del Estado sostenía que el procedimiento no presentaba una complejidad suficiente para justificar la cuantía de las costas. Sin embargo, el Supremo discrepa y destaca la "singular gravedad institucional" del caso, al afectar al máximo responsable del Ministerio Fiscal y al deber de confidencialidad inherente a su cargo.
Los magistrados también subrayan la complejidad procesal del procedimiento, que pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente por el Supremo debido al aforamiento de García Ortiz. Además, recuerdan que durante la instrucción se tramitaron quince piezas separadas, se practicaron numerosas diligencias y se cursaron comisiones rogatorias internacionales a Irlanda y Estados Unidos.
García Ortiz fue condenado por revelar información reservada relativa a la investigación por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador. La sentencia le impuso dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general, una multa, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y el pago de las costas procesales derivadas del procedimiento.
Con el auto conocido este martes, contra el que no cabe recurso, el Tribunal Supremo pone fin al debate sobre el importe de esas costas y confirma que el ex fiscal general deberá asumir definitivamente el pago de 39.009,48 euros.
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