El Supremo estudia recursos por el registro a García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) estudiará mañana los recursos que presentaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de autorizar la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas confirmaron que tres magistrados de la Sala de Apelaciones -Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres- tienen fijado el 11 de febrero para la deliberación y fallo sobre dichos recursos, en los que se denuncia una vulneración de derechos fundamentales que conllevarían la nulidad de ese registro y del efectuado ese mismo 30 de octubre en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

De estimarse las pretensiones de Fiscalía y Abogacía, la causa se tambalearía porque la mayor parte de los indicios observados por Hurtado se fundamentan en el material requisado en esos dos registros y en el análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo del mismo.

El debate tendrá lugar tres meses y medio después de que la UCO registrara el despacho de García Ortiz y días después de que éste y los otros dos investigados -Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe- declararan como investigados ante el instructor de la causa.

En el caso del despacho del fiscal general, fueron más de diez horas de registro -desde las 12.30 y hasta las 23.00- que culminaron con un volcado del contenido íntegro de sus dos teléfonos -el personal y el oficial-, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB. La Guardia Civil entregó al magistrado un informe en el que avisó de que había hallado “cero mensajes” en los dispositivos de García Ortiz.

Borrado de mensajes

El fiscal general luego explicó que, en virtud de un protocolo de seguridad y protección de datos, suele cambiar de móvil y borrar conversaciones y mensajes. El instructor, en su intento de recuperar chats y correos, pidió ayuda a Google y Whatsapp. No obstante, los agentes presentaron otro informe en el que analizaban lo incautado a la fiscal provincial de Madrid; en este caso, sí lograron acceder a mensajes de Whatsapp, incluso algunos intercambiados entre Rodríguez y García Ortiz que no figuraban en el móvil de él.

La Fiscalía considera que ambos registros son nulos y que todo lo hallado en ellos no debería tenerse en consideración en la investigación. A su juicio, los autos de entrada y registro “no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas”.n