El Supremo ordena impedir el voto a más de 160.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' en las elecciones del 29N

DESCENDIENTES DE EXILIADOS

El Tribunal Supremo exige a la Junta Electoral Central excluir del censo a 163.355 nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten su condición de descendientes de exiliados antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fachada del Tribunal Supremo de España
Fachada del Tribunal Supremo de España | Europa Press

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que más de 160.000 personas nacionalizadas españolas a través de la conocida como 'ley de nietos' no puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si no acreditan documentalmente que son descendientes de exiliados.

En una providencia dictada este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo exige tanto a la JEC como a la Oficina del Censo Electoral que cumplan las medidas cautelares previamente acordadas para impedir la participación electoral de quienes no hayan presentado la correspondiente certificación consular.

La resolución afecta inicialmente a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, aunque contempla excepciones para quienes acrediten los requisitos exigidos.

¿Quiénes podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre?

El Supremo establece que las 163.355 personas incluidas en el procedimiento no podrán figurar como electores, ni en el censo de residentes en España ni en el de españoles residentes en el extranjero, salvo que presenten la documentación requerida. Por el momento, 901 personas ya han aportado una certificación consular, por lo que quedan excluidas de la suspensión. Otras podrán recuperar su derecho a participar en estos comicios si presentan dicha acreditación antes de la jornada electoral.

De este modo, la medida afecta actualmente a 162.454 personas, una cifra que podría reducirse si se reciben nuevas certificaciones antes del 29 de noviembre.

La decisión supone mantener la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados afectados, sin extenderla a los hijos de estos.

El Supremo cuestiona los datos facilitados por el INE

La nueva providencia llega después de que la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentase un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

En ese documento, la Administración señaló que 163.355 personas habían adquirido la nacionalidad española cuando se cerró el censo electoral, el pasado 1 de agosto. Sin embargo, tras realizar distintas comprobaciones, redujo la cifra a 113.326 personas.

Dos días para presentar alegaciones sobre el voto con DNI digital

En una segunda providencia, el Supremo también ha abordado otro asunto relacionado con las elecciones generales: los controles de seguridad de los dispositivos previstos para votar mediante DNI digital.

Los magistrados han concedido a las partes un plazo de dos días, hasta el lunes 23 de noviembre, para presentar alegaciones sobre la documentación remitida por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior.

Asimismo, el tribunal ha informado de que el Partido Popular ha solicitado personarse en este procedimiento. Antes de resolver su petición, le ha requerido que aclare en qué condición pretende intervenir, dado que únicamente podrá hacerlo como codemandado.

Ambas cuestiones quedan así pendientes de nuevos pronunciamientos judiciales a pocos días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

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