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REDUCCIÓN DE JORNADA
Este lunes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, presentó una nueva propuesta para lograr un acuerdo de reducción de jornada que incluya a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). En este, se les ofrece una mayor “flexibilidad” a las empresas en la capacidad de distribuir irregularmente las 37,5 horas semanales de trabajo de la rebaja propuesta por el Gobierno, reforma que entraría en vigor en el 2025.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la mesa de diálogo social sobre reducción de jornada, Pérez Rey precisó que las empresas, actualmente, pueden distribuir de forma irregular hasta un 10% de la jornada anual. Desde Trabajo, proponen que ese 10% quede referido a la jornada que han tenido las empresas antes de la norma y no a la nueva jornada reducida.
Al respecto de la mesa, Pérez Rey ha apuntado avances y que las patronales han ofrecido una mayor concreción de propuestas. Estas pasan por el hecho de que las medidas de flexibilidad horaria no sean puramente temporales y por conseguir un mayor margen transitorio para la adaptación de las plantillas a las nuevas 37,5 horas.
El secretario de Estado ha defendido la propuesta concretando que “ofrece algunos márgenes” a la hora de distribuir irregularmente la jornada y que esto puede beneficiar a los sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o actividades relacionadas con la hostelería, ligadas a estacionalidades de mayor demanda como el verano.
La organización profesional agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado que se esté negociando la reducción de jornada sin contar con el sector agrario. Según datos del Cepyme, el cambio de 40 a 37,5 horas semanales provocaría un impacto económico de 1.725 millones de euros en las actividades agrícolas.
Desde Unión de Uniones no se oponen a negociar la reducción de jornada, aunque consideran que la mejor opción sería la creación de un convenio colectivo estatal. La organización solicita, así, una reunión con el Ministerio de Trabajo para abordar el asunto.
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