Trasladan el caso Plus Ultra al juzgado de la trama Koldo

USO IRREGULAR DE 53 MIL EUROS

La Fiscalía denuncia el “uso indebido” de 53 millones por concesión del Consejo de Ministros

Un panel muestra información sobre vuelos de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Un panel muestra información sobre vuelos de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El juzgado que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional (AN) recibió del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid inhibición para que decida si asume la causa sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países. Fuentes jurídicas confirmaron que la jueza de Plaza de Castilla a cargo de la causa planteó traspasar la competencia a la AN, y la cuestión cayó en manos del juzgado que dirige Ismael Moreno.

No obstante, como Moreno se inhibió en 2024 y fue su compañero José Luis Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso —entendiendo que no era competente y derivándola al Juzgado de Instrucción Número 15, que investigó el rescate de la aerolínea y lo archivó—, será este segundo magistrado quien resuelva si la AN es competente para la causa.

Causa bajo secreto

La jueza de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse mientras la causa sigue bajo secreto de sumario, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, del CEO Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.

Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el “uso indebido” de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”. Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían, explicaba la AN en un auto, “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”.

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