La UCO registra la Dirección General de la Guardia Civil

La jornada de este miércoles ha dejado una imagen sin precedentes en la historia reciente de las fuerzas de seguridad: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrando en su propio cuartel general, la sede de la Dirección General en la madrileña calle Guzmán el Bueno. Esta intervención es la segunda parte del golpe asestado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien de forma simultánea ha ordenado el registro de la sede nacional del PSOE en Ferraz.

La UCO investiga el control interno de su propia institución

Bajo el mando directo del teniente coronel Antonio Balas, los agentes de la UCO han accedido a las oficinas centrales del Instituto Armado —donde se ubica, entre otros, el despacho de la directora general, Mercedes González— con un objetivo muy específico. La investigación busca incautar todos los expedientes disciplinarios e informaciones reservadas que se habrían abierto contra aquellos agentes que han participado en causas judiciales que salpican al PSOE.

El trasfondo de esta actuación, según fuentes próximas al caso, son las "supuestas presiones" que habrían sufrido miembros de la policía y la judicatura para frenar o desviar las pesquisas. Estas maniobras de coacción interna quedaron al descubierto a través de las grabaciones intervenidas en el caso Leire, la trama encabezada por la exmilitante y "fontanera" de Ferraz, Leire Díez.

Un terremoto político con nombres propios

Este registro en la cúpula de la Guardia Civil es una pieza clave para entender el alcance de la red de influencias que el juez Pedraz intenta desarticular. La operación vincula directamente los supuestos amaños en la SEPI bajo la presidencia de Vicente Fernández con una estructura de protección política dentro de la propia administración.

Hasta el momento, la gravedad de los indicios ha llevado al magistrado a dictar la imputación de figuras de máximo nivel en el organigrama socialista: el exsecretario de Organización, Santos Cerdán; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y la actual gerente del partido, Ana María Fuentes. La entrada en Guzmán el Bueno confirma que la investigación ya no solo se centra en la financiación o los contratos, sino en el posible uso de las instituciones del Estado para blindar judicialmente a la formación.