Vídeo | Salomé Pradas se derrumba en el Congreso y admite "fallos" en la gestión de la dana

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha reconocido este lunes en el Congreso que se produjeron “fallos” antes y durante la dana del 29 de octubre de 2024, especialmente por la falta de regulación del sistema Es-Alert, aunque ha negado que fuera el Gobierno autonómico quien ordenara la retirada de los bomberos forestales del Barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la catástrofe.

Uno de los momentos más comentados fue el instante en el que la pregunta del secretario de ERC, Gabriel Rufián, provocó las lágrimas de la exconsellera al mostrarle una cuerda a la que se aferró una niña finalmente fallecida el día de la catástrofe.

Su papel

Aunque inicialmente había anunciado que no respondería a las preguntas por su condición de investigada, Pradas acabó realizando aclaraciones ante la comisión de investigación, defendiendo que se mantiene en lo declarado tanto en sede judicial como en una reciente entrevista televisiva. También denunció que no se le permitió leer un documento de ocho folios preparado para la sesión, pese a su voluntad de “dar la cara y colaborar”.

La exconsellera aseguró que estuvo “al pie del cañón” durante toda la emergencia y que, antes de la reunión del Cecopi, la información de la que disponía indicaba que los bomberos forestales estaban desplegados. Preguntada por quién ordenó su retirada, afirmó que no fue ella ni, que sepa, nadie de su Gobierno, y señaló que ese extremo se está investigando.

Pradas admitió errores en la gestión de una jornada que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia, pero cargó duramente contra la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, a las que acusó de fallos graves en la información. Según explicó, las previsiones hablaban de lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado cuando finalmente se registraron 800, y denunció que no se avisó a tiempo del riesgo de desbordamiento del barranco.

También reprochó la falta de coordinación institucional y defendió que las decisiones adoptadas en el Cecopi se basaron siempre en criterios técnicos, desvinculando al entonces presidente autonómico de la redacción y envío del mensaje de alerta.