Dos altos cargos de Galigraín, del grupo Nogar, investigados por un homicidio por imprudencia

Presunto homicidio por imprudencia. Es el delito por el que dos altos cargos de la empresa Galigrain siguen siendo investigados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la causa abierta por el incendio registrado en 2022 en la antigua nave de Pontesa, en el que falleció una persona. Se trata de Ceferino Nogueira, director general financiero y administrador de Galigrain, y el director de calidad y responsable de prevención de riesgos laborales de la empresa, filial del Grupo Nogar.

La jueza que instruye la causa apunta a las condiciones de las instalaciones de la nave de Ponte Sampaio (Pontevedra) y a una actuación supuestamente imprudente de estas dos personas que no actuaron pese a saber que existían esos riesgos. La Audiencia de Pontevedra exonera de toda responsabilidad al responsable de Bomberos, al Concello y también a la empresa propietaria de la nave, que al inicio también estuvieron investigados, pero la jueza pidió sobreseer la causa contra ellos.

De este modo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra sigue adelante con la causa abierta contra la empresa Galigrain, del Grupo Nogar, que usaba la nave de Pontesa para almacenar cereal _cascarilla de girasol, girasol, colza, cebada y trigo_ cuando ardió en 2022. El incendio tuvo lugar el 6 de noviembre de 2022 en una de las naves de la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio. Las tareas de extinción se prolongaron durante tres semanas. Una vez cerrado el atestado policial, el Ministerio Fiscal abrió diligencias de investigación para determinar si hubo ilícito penal. Se trata de una práctica habitual en los incendios cuando se registra una muerte por accidente laboral.

La nave que ardió estaba alquilada desde el año 2018 por Galigrain, que almacenaba allí 42.000 toneladas de grano. Actualmente el procedimiento sigue abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra, que se encargó de investigar el caso desde su origen. También existe una reclamación de responsabilidad patrimonial pendiente, ya que la empresa Galigrain y una de las aseguradoras reclaman al Concello un millón de euros.