La ambiciosa ley gallega del clima busca caja propia

El 3 de marzo de 2026 entró en vigor la Ley 1/2026 del Clima de Galicia. La norma fija la neutralidad climática para 2040, diez años antes del objetivo europeo, y una reducción del 75% de emisiones netas en 2030 respecto a los niveles de 1990. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, la presentó como la primera ley en España que eleva a rango normativo el objetivo de neutralidad climática. La Xunta la situó en el centro de su política ambiental y como argumento ante Europa. Pero el instrumento financiero que crea para ejecutarla no tiene dotación propia.

La norma prevé los fondos para la transición climática y circular de Galicia para financiar políticas de mitigación y adaptación, economía circular, investigación e innovación y sensibilización ciudadana. Esos recursos deberán integrar, como mínimo, lo que corresponda a Galicia procedente del Fondo Social por el Clima europeo. En otras palabras, la llave de la caja la tiene Madrid. El Fondo Social por el Clima -65.000 millones de euros para el conjunto de la UE entre 2026 y 2032- fue creado por la UE para compensar el impacto social del nuevo mercado de emisiones de carbono que afectará a edificios, transporte y pequeña industria. Cada Estado miembro debe elaborar y presentar su Plan Social para el Clima a la Comisión Europea. Son los Estados, no las regiones, quienes negocian.

Obstáculo

En junio de 2025, la Xunta envió a la Comisión Europea 62 proyectos para el fondo, expresando que el Gobierno central no ejerce la cogobernanza con las comunidades autónomas. El PSdeG advirtió que ninguna de las 284 regiones europeas había hecho lo mismo porque el mecanismo no admite interlocución directa con las regiones y el fondo todavía no estaba operativo. Así, la arquitectura financiera depende de la cooperación con un Estado al que se señala simultáneamente como obstáculo.

Los presupuestos de 2026, aprobados en diciembre de 2025, preceden en más de dos meses a la entrada en vigor de la ley. Esto significa que las cuentas vigentes no podían incorporar las obligaciones que la norma impone: a partir de ahora, los presupuestos generales de Galicia deberán incluir partidas específicas para mitigar y adaptar el cambio climático, acompañadas de una memoria que especifique las inversiones y su contribución a los objetivos climáticos.

417 millones

Medio Ambiente presenta sus cuentas como respaldo sólido a la norma. El presupuesto total asciende a 417 millones de euros, y la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático dispondrá de un 20,14% más de fondos en 2026. Son crecimientos reales, pero las partidas no llevan el etiquetado de “gasto climático” que la ley exige. La propia norma establece que la creación del Foro de Acción Climática y la nueva Oficina de Cambio Climático no supondrán incremento presupuestario alguno: los nuevos órganos de gobernanza climática se financian reasignando recursos ya existentes. Durante la tramitación parlamentaria, la diputada socialista Paloma Castro advirtió que la ley “establece obligaciones pero no habilita medios para cumplirlas”. El BNG presentó una enmienda a la totalidad. La Xunta rechazó ambas posiciones y defendió el texto como “adaptado al marco europeo”.