Aplazado el juicio contra los 11 acusados y una empresa de Porriño de construir narcolanchas

El juicio contra los once acusados de construir narcolanchas en Vigo y Norte de Portugal, previsto para este lunes, tuvo que ser pospuesto por indisposición de uno de los abogados. Esta situación llevó a la Audiencia Provincial de Pontevedra a fijar el miércoles 18 de marzo la nueva fecha para el procedimiento.

Los acusados más una empresa de Porriño enfrentan penas de cárcel de entre 2 y 9 años por este delito. La Fiscalía considera que tanto los acusados como la empresa formaban una estructura empresarial, personal y material que se dedicaba a construir lanchas que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico.

A los acusados se les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohíbidas. Uno de los acusados también enfrenta cargos por tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública.

Antecedentes

El pasado 2 de febrero ya se celebró una vista para plantear las cuestiones previas, en la que las defensas de los procesados cuestionaron la competencia del tribunal y la validez de las pruebas obtenidas a partir de registros, intervenciones telefónicas y balizamiento de embarcaciones. La vista se celebrará en la sección quinta de la Audiencia, con sede en la ciudad olívica.

Juicio del miércoles

Este miércoles comenzará el juicio (salvo que el tribunal acceda a la petición de los abogados de suspender la vista por falta de competencia) con las declaraciones de los testigos, ya que los procesados declararán en último lugar.

En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 `narcolanchas`, algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la Península.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. 

Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas, o para beneficiarse de incentivos fiscales; además de un año y tres meses de suspensión de las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.