De cada 100 personas potencialmente dependientes en Galicia, solo hay 18 solicitudes para su reconocimiento

LEI DE ACOMPAÑAMENTO

La Confederación Intersindical Gallega (CIG), el Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CCOO), el Colegio oficial de Trabajo Social de Galicia (COTS) y el Sindicato Labrador Gallego (SLG-CCLL) denuncian que "de cada 100 persoas potencialmente dependentes en Galicia só hai 18 solicitudes, a cifra máis baixa do Estado" y que "a falta de medios humanos e as continuas modificacións na normativa van na liña contraria de incrementar e mellorar a atención ás persoas dependentes".

Una persona en silla de ruedas sacan un billete de autobús. | Foto: Europa Press
Una persona en silla de ruedas sacan un billete de autobús. | Foto: Europa Press

Tras el debate de los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2025 en el Parlamento y de la Lei de medidas fiscais e administrativas que los acompaña, organizaciones que forman parte del Consello Galego de Benestar Social (CGBS) muestran su descontento ante la modificación de la normativa que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Entre las cuestiones que consideran problemáticas están: la unificación de los procedimientos de solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia y del grado de discapacidad; que la tramitación prioritaria en los casos de emergencia social no tenga en cuenta la valoración realizada por un profesional del Trabajo Social; que la aplicación del baremo debe ser una función exclusiva de los Servizos Sociais Especializados; que no se concrete la titulación requerida; yque el Programa Individual de Atención debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de la persona interesada.

Estos puntos de consideración, los llevan denunciando habitualmente en las reuniones del CGBS y reclaman la necesidad de crear un grupo de trabajo para analizar la situación en la que se encuentra el Sistema de Atención á Dependencia de Galicia.

Con la Lei de Acompañamento la Xunta le da una vuelta de tuerca al papel consultivo del CGBS y “dá carta de legalidade” a la participación restringida que se practica y limita su capacidad de opinión la aquellas cuestiones relativas a los servicios sociales que la Consellería considere cercenando la posibilidad de opinar sobre las políticas, leyes y normas relativas a los servicios sociales.

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