Cerco judicial a Audasa, que acumula beneficio histórico por peajes de la AP-9

Durante al menos tres años, entre 2015 y 2018, los usuarios de la AP-9 y en especial del puente de Rande, vivieron un caos por las obras del puente, mientras la concesionaria seguía cobrando los peajes. Ahora, el próximo 17 de septiembre, se conocerá el fallo definitivo sobre la demanda de restitución de cantidades e indemnizaciones a los usuarios.

Este fallo del Supremo llegará después de la reciente sentencia que tumbó sus pretensiones de cobrar una indemnización del Gobierno por el covid y de la declaración de ilegalidad de la ampliación de la concesión hasta 2048 por la UE, que obliga al Gobierno a iniciar un procedimiento de anulación. Todo este cerco judicial llega en un momento de máximo beneficio. Ayer se conoció que en el primer semestre logró unos ingresos de 105 millones de euros y que el beneficio crece un 13%.

Las asociaciones Adicae y En Colectivo, así como particulares, esperan ahora el nuevo fallo, cinco años después de iniciar este camino para defender los derechos de los usuarios. Fue en 2019 cuando la Fiscalía de Pontevedra presentó una demanda contra Audasa por los daños a los viajeros, tras no rebajar ni suprimir el coste del peaje durante las obras de ampliación de Rande, que provocaron importantes retenciones y falta de seguridad en la vía, circunstancia que Audasa no valoró y continuó con el mismo precio del peaje como si la circulación estuviese en perfectas condiciones. Incluso se aplicaron las subidas anuales correspondientes.

En primera instancia, el juzgado del Mercantil 1 condenó a Audasa a devolver los peajes cobrados a los afectados, pero la concesionaria interpuso recurso de apelación, que resultó favorable a sus intereses. Eso revocó la primera resolución de la demanda de la Fiscalía, a la que se adhieron asociaciones como Adicae y En-Colectivo. Los demandantes aseguraban que la empresa incurrió en una práctica abusiva al cobrar el peaje íntegro, mientras que la Audiencia no entendió que existiese una relación directa entre el pago del peaje y las condiciones en las que se presta el servicio. Asimismo, indicó que las aglomeraciones no fueron superiores a los dos minutos.

Ahora, Adicae y otras asociaciones de consumidores acudieron al Tribunal Supremo, en recurso de casación, y el fallo se espera para el próximo 17 de septiembre. Existe una sentencia pionera: la asociación de transportistas Apetamcor logró en 2022 la devolución del 50% del importe de la tarifa a 21 personas físicas y jurídicas por las molestias derivadas de las obras en Rande. Supuso un pago mínimo de alrededor de 50.000 euros, pero abrió las puertas a la reclamación de otros usuarios.

Ingresos, por las nubes

Tres golpes judiciales que, sin embargo, no empañan los resultados obtenidos en el primer semestre del 2025. Audasa alcanzó los 44,6 millones de beneficio, un 13% más que el mismo periodo del año anterior, cuando logró 39,6 millones de euros en seis meses. Todo ello aumentando su tráfico un 5,3%, teniendo una intensidad media diaria (IMD, medida para contabilizar el paso de vehículos por carreteras) de 26.013. estas cifras superan los datos prepandemia y se acercan al máximo histórico de 27.000, alcanzado en el año 2007.

A este ritmo, y con julio y agosto todavía por delante (son los meses que más circulación registra la AP-9), se prevé otro año de récord, volviendo a superar los beneficios del 2024. La concesionaria de la AP-9 logró unos ingresos de 105 millones de euros, con un crecimiento del 9,3%, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Audasa también cobrará por la anulación de la prórroga (cuando finalice el procedimiento), aunque la indemnización no la fijará ni el Gobierno ni la propia concesionaria. Será un juez quien determine cuánto costará liberalizar la AP-9.

Menos ingresos desde clientes y más por las “bonificaciones”

Los ingresos de Audasa hasta junio, superiores a los 100 millones, los obtuvo en un 60% aportados por los clientes y en un 40% producto de bonificaciones del Estado. Según las cuentas de Audasa, lo recaudado a través de usuarios bajó en el primer semestre del año, pasando de 67,1 millones de euros conseguidos en los seis primeros meses del 2024 a 64 millones de euros logrados este año. Los descuentos aplicados a los conductores de vehículos ligeros en la vuelta de sus recorridos supuso una pérdida de cinco millones de euros para la empresa concesionaria, cifras similares a las del anterior año.

Sin embargo, el causante de superar los cien millones de euros son las bonificaciones conseguidas, pasando de 20 millones de euros en 2024 a superar los 33 millones. Además, el peaje en la sombra pasó de 6,2 a 6,5 millones de euros de ingresos. Este modelo consiste en que la administración pública desembolse una cuantía por el uso de la autopista, sin que ese coste sea soportado por los usuarios y se aplica en dos tramos de la AP-9: el Vigo-Morrazo (9,1 kilómetros) y el A Coruña-A Barcala (5,1 kilómetros). En su informe ala CNMV, Audasa también resalta la contratación de 157 nuevos empleados, las más de 550 horas de formación en atención al cliente y las más de 1.400 gestiones solucionadas a sus usuarios.

Hay ciertos tramos en la AP-9 que son a coste cero: Vigo-Puxeiros (11,7 kilómetros), Pontevedra Norte-Pontevedra Sur (3,2 kilómetros), Santiago Norte-Santiago Sur (7,7 kilómetros), Teis-Vigo (5 kilómetros) y Fene-Ferrol (9,1 kilómetros). 36,7 kilómetros de los casi 220 que vertebran la comunicación por carretera en Galicia.