Beneficio récord de Audasa por la continua subida de los peajes

Audasa, la empresa concesionaria de la autopista AP-9, sigue incrementando sus beneficios. En 2024 registró 90,27 millones de euros de beneficio neto, un 9,3% más que los 82,57 millones del año anterior, marcando así un nuevo máximo histórico según los datos presentados ayer por la compañía y remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este crecimiento fue impulsado en primer lugar por el constante incremento de los peajes y los ingresos que generan, y en segundo lugar por el aumento de las aportaciones de realizadas por el Gobierno en concepto de peajes en sombra y bonificaciones.

En total, la compañía, propiedad de dos fondos de inversión (uno suizo y otro holandés), ingresó cerca de 210,1 millones de euros, un 9,1% más, de los que 148,2 millones (+10,7%) fueron ingresos de los usuarios (teniendo en cuenta un descuento establecido por Audasa). Además, la Administración aportó 61,9 millones, un 5,8% más, siendo 13 millones por peajes en sombra, un 3,2% más; 42,2 millones por bonificaciones, un 15% más, y 6,7 millones por limitación de tarifa, un 27,1% menos. De esta manera, el resultado de explotación de Audasa en 2024 subió hasta los 129,6 millones de euros, un 6,6% más, con un resultado antes de impuestos de 120,4 millones, creciendo un 9,3%.

La tendencia al alza de los peajes es constante y se mantendrá mientras dure la concesión. La última prórroga fue considerada ilegal por los tribunales europeos, pero de no rescatarse la autopista, los usuarios tendrán que seguir pagando hasta 2048 los peajes más elevados de España.

Desde la empresa señalaron ayer que el telepeaje o Vía-T continúa creciendo como sistema más frecuente escogido por los clientes. En 2024 los pagos de peaje realizados con dispositivo de telepeaje alcanzan un 74,6% del total, con un incremento de 10 puntos en los últimos 5 años. Solo el 1,5% de los clientes optan por vías no automatizadas.

La compañía valoró a su vez que aportó más de 80 millones de euros en concepto de impuestos, tributos y cotizaciones sociales, de los cuales 7,6 millones se pagan a los ayuntamientos por los que discurre la traza en concepto de IBI.