Condena millonaria al Concello de Vigo: deberá pagar 4,5 millones al Puerto por el convenio Abrir Vigo al Mar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Concello de Vigo a indemnizar a la Autoridad Portuaria con 4.583.632,93 euros, más intereses, por incumplir las obligaciones de mantenimiento que había asumido en el convenio Abrir Vigo al Mar. La sentencia considera probado que la falta de conservación de estos espacios obligó al Puerto a realizar obras de reparación y reposición por varios millones de euros.

El acuerdo fue firmado en 1992 por el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca y la entonces Junta de Obras del Puerto. En él, el Concello se comprometía a mantener en buen estado los espacios incluidos en el proyecto, una obligación que, según el tribunal, no cumplió.

La sentencia recuerda que el propio TSXG ya había declarado en 2022 que la ruptura del convenio estaba justificada por ese incumplimiento. Tras su extinción, la Autoridad Portuaria tuvo que hacerse cargo de diferentes trabajos para reparar los daños y recuperar el estado original de las zonas afectadas.

Entre las actuaciones incluidas en la factura figuran las obras para reconstruir el espacio que quedó colapsado durante la celebración de O Marisquiño en agosto de 2018. La cantidad reclamada también excluye trabajos que fueron considerados mejoras, como el carril bici, y otras intervenciones que no estaban relacionadas con las obligaciones de mantenimiento del Ayuntamiento.

El Concello deberá pagar más de 4,5 millones

El Concello había cuestionado el procedimiento seguido para calcular la cantidad que debía abonar. Sin embargo, los magistrados consideran que la Autoridad Portuaria respetó su derecho a presentar alegaciones y pruebas. También señalan que el Ayuntamiento no aportó una valoración alternativa que demostrase que los gastos reclamados eran incorrectos.

Por ello, el TSXG concluye que el incumplimiento municipal obligó al Puerto a asumir unos gastos de reparación que correspondían al Concello y fija la indemnización en 4,58 millones de euros, más los intereses legales. La sentencia todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.