La condonación de deuda en Galicia alcanza los 4.010 millones

La Delegación del Gobierno en Galicia ha ratificado que la condonación de la deuda por parte del Estado, en el caso de la comunidad, alcanza los 4.010 millones de euros. Esto supone, remarca, reducir la deuda de Galicia un 33% respecto al cierre registrado en 2023.

La Delegación del Gobierno ha enfatizado que esta medida permitirá a Galicia "mejorar su posición financiera, acceder en mejores condiciones a los mercados, ganar autonomía pollítica y contar con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio" ni tampoco "un beneficio" a Cataluña.

"Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dicho que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas aunque no tengan deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid.

Montero ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.

A renglón seguido, ha explicado que el 75% de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, se repartirán por el indicador de "población ajustada", lo que arrojará una condonación media del 19% de la deuda autonómica.

"Dicho de otra manera: con esa aproximación, el Estado se queda casi con el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas con una situación asimétrica, dependiendo de la situación de partida de cada territorio", ha agregado al respecto.

La vicepresidenta, que ha remarcado que la propuesta es "voluntaria" para los gobiernos regionales, ha insistido en que "es falso" que la condonación de la deuda "beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España". "De los 83.252 millones casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, 7 e cada 10 euros que se condonan benefician a territorios gobernados por el PP", ha aducido.

El pp dice que sus presidentes autonómicos no pedirán esa quita

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, aseguró ayer que la postura de su partido y de su presidentes autonómicos es “muy clara” en relación sobre la quita de la deuda a las comunidades, avisando de que la rechazan y de que “no entrarán en esa trampa” del Gobierno de España. “No una, dos veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno. No una, dos veces ayer, multitud de presidentes autonómicos salieron a decir que no participan de esta farsa del Gobierno”, subrayó tras la Junta de Portavoces del Parlamento.

En este sentido, Muñoz recordó que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía cuando era consejera andaluza que no quería quita ni refinanciación, sino una nueva ley de financiación autonómica, “que es la postura del Partido Popular”. Además, Muñoz advirtió que con la quita autonómica, la deuda no desaparece, sino que se reparte “y la pagan todos los españoles”. También apuntó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisó que las comunidades no podrán destinar a gasto público el ahorro generado por la quita, ya que la regla de gasto lo impide. “Es que intentan mentir a la gente y se creen que no leemos todo”, apostilló la diputada del PP. Por ello, insistió en que los presidentes autonómicos del Partido Popular son “gente con palabra” y firmaron que rechazan esa quita. “Por lo tanto, no voy a valorar qué pasaría si alguno no hiciera lo que ha firmado en dos papeles. No entro en esa quimera”, respondió.

El calendario

Con respecto a los plazos, la vicepresidenta ha trasladado que el anteproyecto será enviado al periodo de audiencia pública para recibir aportaciones de las CCAA.

Posteriormente, la intención del Ejecutivo es mandar la norma al Congreso "antes de que acabe el año" y aprobar "definitivamente" la norma a lo largo del primer trimestre de 2026.

Aún así, Montero se ha mostrado prudente al indicar que se deberá tener en cuenta el periodo de enmiendas de los grupos parlamentarios.