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194 MILLONES
El impago y la falta de compensación de las horas extraordinarias se mantiene como un problema recurrente en el mercado laboral gallego, según refleja un estudio presentado por el sindicato CCOO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). De acuerdo con este análisis, en Galicia se realizan una media de 347.000 horas extra semanales, de las cuales cerca de 128.000 (el 36,8%) no reciben ningún tipo de retribución económica ni de descanso compensatorio, lo que significa que casi cuatro de cada diez horas trabajadas fuera de jornada quedan sin abonar.
El informe elaborado por la central sindical indica que un 5,7% de los asalariados en la comunidad —unas 55.000 personas— realiza horas extraordinarias de forma regular. De este grupo, más de 25.000 trabajadores no reciben ninguna compensación por ese tiempo, asumiendo una media de 5,1 horas extra no pagadas a la semana. Según las estimaciones de CCOO basadas en los costes laborales medios, este trabajo no abonado supone unos 7.700 euros anuales por persona entre salarios y cotizaciones, alcanzando un impacto global de 194 millones de euros al año en la comunidad y equivaliendo a la pérdida potencial de unos 3.400 empleos a jornada completa.
Por ramas de actividad, el estudio de CCOO señala que cuatro sectores concentran casi la mitad de las horas no pagadas: la educación encabeza el cómputo con 19.700 horas semanales (el 15,4% del total), seguida de la sanidad y servicios sociales con 16.900 horas (13,2%), la industria manufacturera con 12.900 horas (10,1%) y la hostelería con 11.400 horas (8,9%). En términos relativos, la proporción de horas extra sin remunerar alcanza el 70,5% en la sanidad, el 69,8% en las actividades administrativas, el 52,5% en la educación y el 52% en el sector financiero, situándose también en cifras elevadas en la hostelería (46,7%) y la construcción (37,5%).
Ante esta situación, CCOO sostiene que el incumplimiento en el control horario perjudica tanto los ingresos de los trabajadores como la recaudación de las arcas públicas, además de suponer un factor de riesgo para la salud laboral. Para atajar esta práctica, el sindicato reclama reforzar la Inspección de Trabajo con más recursos humanos y técnicos, realizar auditorías de los registros de jornada, endurecer las sanciones a las empresas incumplidoras e incluir cláusulas de control efectivo en los convenios colectivos.
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