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OPERACIÓN ZETA
El servicio de Intervención de la Diputación de A Coruña realizará una auditoría interna sobre los contratos y las subvenciones desde el año 2006 con las empresas implicadas en la Operación Zeta, con el objetivo de informar al pleno de la corporación de su resultado.
La Policía Nacional detuvo el pasado 15 de octubre en Galicia a siete personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública tras recibir más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas destinadas especialmente a la ejecución de actividades formativas.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, ha explicado hoy que "la transparencia es toda, total", y más cuando todos los grupos políticos están "en las mesas de la contratación" y reciben "información puntual e instantánea de todo lo que se firma aquí".
De la misma manera, Calvo aseguró que no tiene "ninguna duda de la limpieza y de la profesionalidad de los funcionarios", según indica la Diputación en un comunicado.
La institución que preside Calvo realizará esta auditoría interna sobre los contratos y las subvenciones desde el año 2006 con las empresas implicadas en la Operación Zeta aunque según ha indicado que no existen irregularidades.
Desde el año 2011, cuando empezó a trabajar la actual corporación, Gecreri -una de las empresas presuntamente implicadas- tan solo firmó un contrato con la institución provincial, en el mes de diciembre del 2011, perteneciente a un plan de formación de Red Xiana que, precisamente, fue auditado por la Intervención General del Estado.
En este período también se le concedieron dos subvenciones a Feaga, una en el año 2012 y otra en el año 2013 aunque ninguna de ellas fue abonada, ya que la Federación de Autónomos de Galicia no justificó correctamente sus gastos.
Desde los Servicios Provinciales se recuerda que todos los contratos se publican en el Perfil del Contratante de la página web, además de los distintos boletines oficiales, tal y como señala la normativa en materia de contratación pública.
Periódicamente, además, se llevan a cabo actuaciones de control financiero por muestreo para confrontar la realidad material de las actividades o inversiones que son objeto de subvención por parte de la institución provincial.
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