El Gobierno rechaza el rescate de la AP-9: "No es viable"

La secretaria general del Ministerio de Transportes, Marta Serrano, ha afirmado con contundencia que "no es viable" el rescate de la AP-9, o Autopista del Atlántico, tal y como ha solicitado el PP en el Congreso. Según Serrano, este rescate implicaría "un altísimo volumen de gastos" que el Estado no podría asumir en la actualidad, ya que tendría "efectos lesivos muy importantes".

La declaración tuvo lugar durante una comisión en el Congreso, donde Serrano fue interpelada por el PP acerca de un posible rescate de la autopista que conecta Galicia con la frontera de Portugal. En su intervención, la secretaria general culpó al Gobierno del PP de prolongar la concesión de esta infraestructura.

El PP acusa al Gobierno de irrespetar la división de poderes

Por su parte, el diputado del PP, Celso Luis Delgado, acusó al Gobierno de "no respetar" la división de poderes en relación con la gestión de la AP-9. Delgado subrayó que la situación de la autopista es resultado de decisiones tomadas por gobiernos anteriores del PP, como la prórroga de la concesión en 2000 por 25 años y la venta de concesiones en 2003.

Serrano, en respuesta, recordó que la AP-9 es la autopista con la concesión más larga de España, con un contrato que abarca 75 años y tarifas establecidas, que, según ella, también fueron fijadas por los gobiernos del PP.

El PP denuncia el bloqueo en el Congreso

Además, los populares han acusado al Gobierno de bloquear la tramitación en el Congreso de una iniciativa para que la AP-9 sea transferida a la Xunta de Galicia, acumulando 22 prórrogas durante la actual legislatura. Delgado acusó al Ejecutivo de "boicot" esta transferencia, añadiendo que desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, ya se han registrado 38 prórrogas.

Demanda unánime en el Parlamento de Galicia

El pasado miércoles, el Parlamento de Galicia expresó una demanda unánime para que se ponga fin al bloqueo en el Congreso que impide el cambio de titularidad de la AP-9 hacia la Xunta. Los parlamentarios instaron al Gobierno central a explorar vías jurídicas para anular la prórroga y evaluar los costes económicos que supondría para el Estado asumir la cesión directa de la autopista.