La ley de la AP-9 avanza: PSOE, BNG y Sumar acuerdan en el Congreso transferir la propiedad

Las negociaciones de las últimas semanas han surtido efecto y en el Congreso de los Diputados, a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo, PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta, en la línea de lo que había demandado por unanimidad el Parlamento de Galicia.

Así lo han ratificado fuentes de las tres formaciones —Sumar ha precisado que sus enmiendas agregadas referidas a mariscadoras y a minería se mantienen—. Las tres reivindican su papel en este acuerdo que afecta a una vía estratégica para Galicia. El PP es ajeno al mismo, pero había manifestado su voluntad de apoyar un texto que se mantuviese leal al aprobado por la Cámara autonómica.

El acuerdo se ha adoptado a través de varias enmiendas pactadas que darán pie a una proposición de ley orgánica, y que, salvo sorpresa, será validada en la ponencia y posteriormente continuará su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central. Las fuentes consultadas afirman que el pacto se sellaría con luz verde del Ejecutivo de Sánchez.

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9” y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación con la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Condiciones del traspaso

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará cómo se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relativo a tarifas, peajes y descuentos, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria; y para la redacción y aprobación de convenios o adendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas” para garantizar que esos límites económicos sean respetados.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones económicas y financieras derivadas de las modificaciones que promueva una vez efectivo el traspaso.

Finalmente, las modificaciones sobre el régimen económico-financiero de la concesión que quiera impulsar la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la Xunta.