La ley para transferir la AP-9 a Galicia avanza en el Congreso pese al rechazo de PP y Vox y se eleva al Pleno

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, con el único rechazo de PP y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara Baja.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar y, pese a que los socialistas habían presentado inicialmente enmiendas en otro sentido, incluye la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta.

El acuerdo entre las tres formaciones llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo --paso que dio con el voto en contra de los populares (que alegan que el texto difiere del que salió del Parlamento de Galicia) y de Vox--. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe para que la ley de la AP-9 continúe su recorrido parlamentario y se eleve al Pleno.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes, PP y Vox han cargado contra el acuerdo alcanzado entre estas formaciones, mientras que BNG y Sumar han ido más allá del traspaso de la AP-9 y han insistido en su reivindicación de eliminar el peaje de la vía.

Y es que el nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que fue validada en la ponencia pese al voto en contra de PP y Vox. Es esta norma la que continua su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

Debate

El PPdeG mantiene que este acuerdo es "un pacto de traidores" al considerar que "rebaja" la ley que en su día salió de la Cámara autonómica. Los populares sostienen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende "ahorrar una vez más a costa del bolsillo de los gallegos y gallegas".

"Galicia quiere la transferencia de la AP-9, pero a base de la voluntad expresada en la cámara, no a cualquier precio", ha reivindicado el diputado Celso Delgado, quien ha reivindicado que deben garantizarse "los recursos económicos necesarios" para su gestión, y ha tildado el acuerdo de "maniobra política opaca y muy desleal", además de afear la "hipocresía" del BNG al "votar de un modo en Galicia y de otro en Madrid".

Del mismo modo, ha puesto el acento en que el enfoque de las enmiendas presenta "serios indicios de inconstitucionalidad", ya que "no transfiere inmediatamente la autopista y sus competencias, sino que obliga al Estado y a Galicia a acordar las condiciones concretas del traspaso", lo cual, considera, "es incorrecto".

Para el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, "hoy es un buen día" porque "es la primera de las cinco veces que esta ley fue aprobada en el Parlamento de Galicia" que alcanza este punto de tramitación. Sin embargo, también ha considerado que hace "evidente" que el PP "no quiere que la AP-9 se transfiera a Galicia".

Al tiempo, Rego ha reafirmado su "compromiso" para culminar el proceso de transferencia y seguir avanzando hacia una autopista "gallega y libre de peajes". También la socialista Patricia Otero ha incidido en la importancia de la gratuidad de peajes y ha cargado contra los populares.

"Hay que tener mucha cara para decir que trabajan por conseguir la transferencia de la AP-9 y luego votar en contra", ha aseverado Otero, antes de recordar que los gallegos y gallegas "han sufrido el abuso de los peajes por una decisión de Aznar, que después de prorrogar la concesión hasta el año 2048 privatizó la autopista".

Finalmente, ha defendido que en el texto acordado "queda clara la responsabilidad de cada Administración" y que será el Estado el que asuma las consecuencias que se deriven de asuntos relacionados con su periodo de titularidad de la infraestructura.

Gestión y titularidad

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Condiciones del traspaso

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad Autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y "cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".