Madrid choca otra vez con el norte por el estatuto del lobo

El viernes por la tarde, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, envió una carta a la Xunta de Galicia y al resto de autonomías defendiendo la gestión del Ministerio en la conservación del lobo. Les recuerda que el lobo es una especie protegida tanto por la Directiva Hábitats como por la normativa estatal, avalada por diversas sentencias judiciales. Sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) no ha cometido “actuaciones irregulares” en la aplicación de la normativas, y reitera el compromiso del Gobierno de mantener recursos para facilitar la coexistencia entre el lobo y el mundo rural bajo la estrategia estatal vigente.

Es el penúltimo capítulo de la interminable serie de enfrentamientos entre el Gobierno y las comunidades autónomas, con el telón de fondo de las presiones del campo, los cazadores y de colectivos conservacionistas. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la especie debe seguir protegida, las autonomías sostienen que las poblaciones se encuentran en un estado favorable y reclaman recuperar los controles sobre el animal.

Todo ello ocurre mientras la Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no haber remitido a tiempo el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo. La controversia se ha intensificado tras la carta. El departamento estatal insiste en que cualquier decisión sobre la gestión del lobo debe basarse en el “mejor conocimiento científico disponible” y recuerda que las sentencias judiciales han reiterado este criterio y la especie debe seguir bajo el paraguas del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El expediente

El conflicto político coincide además con la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea contra España por no haber enviado en plazo el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie correspondiente al periodo 2018-2024. Los países de la UE están obligados a remitir periódicamente este documento, que incluye datos actualizados sobre la población y evolución de determinadas especies protegidas. En el caso español, el plazo para hacerlo finalizaba el 31 de diciembre de 2025. El Ministerio decidió retrasar el envío por “criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica”, al considerar que el informe no contaba con una base científica suficientemente sólida.

El contenido de ese documento es clave para el futuro del lobo. Si concluye que el estado de conservación de la especie es desfavorable, la normativa europea impediría aplicar controles letales sobre sus poblaciones. Además, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 establece que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, debe considerarse así en el conjunto del país.

Rebelión

Las comunidades autónomas del norte mantienen una posición muy distinta. Representantes de Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid mantuvieron recientemente una reunión en Santander en la que reclamaron al Gobierno central que convoque una Conferencia Sectorial específica para aprobar el informe sexenal elaborado por las autonomías y enviarlo cuanto antes a Bruselas. Según estas comunidades, los datos recopilados por sus administraciones indican que la población de lobo al norte del río Duero se encuentra en un estado favorable de conservación. Por ello, consideran injustificada la decisión del Ejecutivo de mantener la especie bajo el régimen de máxima protección.

La conselleira gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acusó al Gobierno de estar retrasando el envío del informe porque los resultados no coinciden con su planteamiento político. A su juicio, los datos autonómicos reflejan “de manera clara e inequívoca” que las poblaciones de lobo en el norte del país están consolidadas. Las autonomías también denuncian que el Ministerio no ha sido diligente en el reparto de fondos para prevenir daños y compensar a los ganaderos. La Xunta asegura que el Estado adeuda alrededor de 12 millones correspondientes a ayudas de los últimos años.