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'Lo que hundió el buque fue el rumbo' impuesto por la Administración española, dice su abogado
El letrado también acusó a la Administración española de 'hacer trampas' en el proceso judicial seguido para delimitar las responsabilidades por este accidente. 'Lo que realmente hundió el buque fue el rumbo noroeste 320 que le impusieron las autoridades marítimas españolas y que le sometió a una ordalía de esfuerzos', recalcó.
Ruiz Soroa presentó en la mañana de ayer sus conclusiones definitivas ante el tribunal de la Audiencia de A Coruña que juzga los daños por la catástrofe medioambiental. El abogado de Mangouras criticó la 'dualidad judicial' propiciada por España al promover un juicio contra la clasificadora del 'Prestige', American Bureau of Shipping (ABS), en Estados Unidos.
El pasado año, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York rechazó finalmente la demanda interpuesta por el Gobierno español, que reclamaba una indemnización de 800 millones de euros, contra la empresa que certificó que el petrolero estaba en condiciones para navegar al no encontrar pruebas para responsabilizar a la clasificadora del siniestro. El letrado advirtió de las 'consecuencias perturbadoras' de la estrategia judicial seguida por España y remarcó que 'no ha respetado las garantías mínimas de un proceso penal'.
EXPOSICIÓN DE CUATRO HORAS
Ruiz Soroa, que invirtió casi cuatro horas en la exposición de sus conclusiones, incidió en que durante la vista oral no se ha presentado ninguna prueba que acredite que el petrolero presentaba daños en su estructura antes de producirse el accidente, y subrayó que su historial era 'inmaculado'.
El juicio por el hundimiento del 'Prestige' y la posterior catástrofe medioambiental causada en la costa gallega por el vertido de crudo, que comenzó el pasado 16 de octubre en la Audiencia de A Coruña, entró en su recta final con la presentación de las conclusiones definitivas de las numerosas partes personadas en la causa. Además de Mangouras se sientan en el banquillo de los acusados el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el único alto cargo de la Administración española acusada en este proceso.
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