Así es el nuevo protocolo contra las agresiones laborales del Servizo de Axuda no Fogar que estrena la Xunta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de Poio, Ángel Moldes, analizaron el impacto de las mejoras previstas para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un servicio de competencia municipal que contará con más financiación y nuevas medidas de protección para sus profesionales.

Entre las principales novedades destaca el acuerdo firmado para incrementar de forma progresiva la aportación de la Xunta al SAF, que alcanzará los 18 euros por hora en 2028, lo que supone una subida histórica del 50% respecto a los niveles actuales. La financiación será de 16 euros por hora en 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028.

Además, se ha presentado el primer protocolo autonómico de prevención y actuación frente a la violencia laboral externa en este servicio, elaborado con la participación de la Xunta, la Fegamp, sindicatos, organizaciones empresariales y el Colexio Oficial de Traballo Social.

¿Cómo funciona el nuevo protocolo contra las agresiones?

El plan de actuación no se limita a una declaración de intenciones, sino que pauta un sistema progresivo que va desde la prevención y la anticipación del riesgo en los hogares hasta la respuesta en situaciones de tensión o agresión. Sus ejes esenciales son:

• Formación y valorización: Se potenciará el refuerzo formativo de las profesionales en habilidades para reconducir conflictos, además de dignificar socialmente su labor.
• Evaluación del riesgo y comunicación: El sistema establece la evaluación previa de los posibles riesgos en cada domicilio y la comunicación temprana de cualquier incidente.
• Paralización segura de tareas: Si la tensión aumenta o se produce una agresión, el protocolo prioriza la integridad física y emocional de la trabajadora, otorgando un respaldo inequívoco a la decisión de paralizar las tareas mientras la situación de riesgo no se revierta.
• Amparo ante todo tipo de violencia: El documento contempla respuestas ante agresiones físicas, psicológicas, de índole sexual o de carácter económico, incluyendo de forma expresa la violencia por razón de género.
• Registro único y seguimiento: Se establece la importancia de que los ayuntamientos cuenten con un registro bajo un modelo unificado para todas las empresas prestadoras, garantizando que se investiguen los incidentes y se coordinen con las administraciones para aplicar medidas correctoras o adaptar las evaluaciones de riesgos laborales.