REUNIÓN EN SANTIAGO
La primera ley de la infancia recibe el respaldo de Unicef
REUNIÓN EN SANTIAGO
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se reunió con la presidenta de Unicef Galicia, María Montalvo, para abordar los contenidos de la que será la primera Ley Gallega de Infancia y Adolescencia. El encuentro, celebrado en Santiago, sirvió para alinear las prioridades de la Xunta con las demandas históricas de la organización internacional en materia de protección de menores. García destacó la colaboración consolidada entre ambas instituciones en los últimos años: la modificación del Observatorio de Familia e Infancia, la creación del Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia y la implantación del programa Cidades Amigas da Infancia, que promueve la adhesión de ayuntamientos a estándares de protección infantil.
La conselleira definió la futura norma como “muy esperada y muy necesaria” y subrayó que el objetivo de la Xunta es que Galicia cuente con una ley “moderna, adaptada a las nuevas realidades sociales”, que sitúe a la infancia y la adolescencia en el centro de actuación de todas las administraciones.
Los principales destinatarios serán las más de 365.000 personas menores de edad residentes en Galicia, aunque García recalcó que su impacto alcanzará al conjunto de la sociedad, dado que la protección de los menores implica a familias, profesionales especializados y distintas administraciones. Entre las novedades más relevantes, la ley potenciará el acogimiento familiar como fórmula prioritaria de protección cuando un menor no puede vivir con su familia biológica. El objetivo es garantizar que todos los niños gallegos, especialmente los menores de seis años, puedan crecer en un hogar.
La norma regulará por primera vez la doble valoración de familias para el acogimiento y la adopción, una reivindicación histórica del sector. Esta medida permitirá que un menor en acogimiento pueda quedarse con esa misma familia si los técnicos de la Xunta de Galicia determinan que debe pasar a adopción, evitando así nuevas rupturas de los vínculos afectivos del menor. Hasta ahora, ambos procedimientos eran independientes y no existía esa continuidad en la relación.
La ley también contempla la creación de un registro unificado de familias acogedoras y adoptivas, para mejorar la gestión y el control de datos. Finalmente, la norma reforzará la coordinación entre la Xunta -competente en casos de riesgo grave o desamparo- y los ayuntamientos, que atienden situaciones de riesgo leve a través de los servicios sociales de base.
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