Rueda planta cara al traspaso de la AP-9 mientras el adelanto electoral de Sánchez condiciona la negociación

UNA VÍA EN DISPUTA

La Xunta de Galicia y Gobierno central acababan de abrir un grupo de trabajo para abordar las discrepancias sobre la ley, en vigor desde agosto y rechazada por el Ejecutivo gallego por sus condiciones de financiación

La AP-9, una de las principales vías de comunicación de Galicia, en una imagen de archivo.
La AP-9, una de las principales vías de comunicación de Galicia, en una imagen de archivo. | Xunta de Galicia

El adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por Pedro Sánchez vuelve a condicionar el proceso de traspaso de la AP-9 a Galicia. El mismo día en que el presidente del Gobierno comunicó la convocatoria de los comicios para el próximo 29 de noviembre, el BOE y el DOG publicaron el acuerdo de la comisión bilateral entre la Xunta y el Ejecutivo central para iniciar las negociaciones sobre la transferencia de la autopista.

El acuerdo contempla la creación de un grupo de trabajo encargado de abordar las discrepancias existentes sobre la ley que regula el traspaso. La norma está en vigor desde el pasado 1 de agosto y, a diferencia de lo ocurrido en anteriores legislaturas, no decaerá con la disolución de las Cortes al encontrarse ya aprobada.

La convocatoria electoral sí puede afectar al calendario de las negociaciones entre ambas administraciones. Por el momento, no se ha concretado cuándo se reunirá el grupo de trabajo ni cómo quedará su actividad durante el periodo previo a los comicios.

La Xunta rechaza las condiciones económicas

El principal punto de discrepancia se encuentra en las condiciones financieras del traspaso. La Xunta ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo al contenido de la ley al considerar que no garantiza los recursos necesarios para asumir la gestión de la infraestructura.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha advertido de que Galicia no está dispuesta a asumir lo que considera un “negocio ruinoso” y ha señalado que el coste para las arcas autonómicas podría alcanzar miles de millones de euros.

Pese a su rechazo a las condiciones económicas, la Xunta aceptó abrir una negociación bilateral con el Gobierno central para intentar resolver las discrepancias. El acuerdo también comunica la situación al Tribunal Constitucional y mantiene abierta la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad si no se alcanza un entendimiento.

Una reivindicación pendiente desde 2016

El traspaso de la AP-9 lleva años formando parte de las reivindicaciones de Galicia. El Parlamento gallego aprobó en marzo de 2016 una primera propuesta por unanimidad. La iniciativa fue posteriormente bloqueada y tuvo que ser presentada de nuevo en distintas ocasiones.

En 2023, la convocatoria de elecciones generales provocó la disolución de las Cortes y la caída de la iniciativa que entonces se encontraba en tramitación. El escenario actual es diferente: la ley ya ha sido aprobada y está en vigor, por lo que el adelanto electoral no paraliza su vigencia.

El texto que finalmente salió adelante contó con el apoyo de PSOE, BNG y Sumar, mientras que el PP rechazó la norma. Ahora, la negociación entre la Xunta y el Gobierno central queda pendiente de unas elecciones que vuelven a introducir incertidumbre en el calendario de un traspaso que Galicia reclama desde hace una década.

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