Las víctimas de la fobia LGTBI en Galicia reclaman oficinas de atención

Ante la celebración, este domingo, del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, casos recientes de agresiones LGTBIfóbicas en Galicia han vuelto a poner el foco sobre los recursos institucionales disponibles para atender a las víctimas. Las asociaciones consultadas los califican de “mínimos”, “no accesibles” y “poco conocidos”. En Pontevedra, la Policía detuvo en marzo a tres personas acusadas de proferir insultos homófobos a un joven y golpearlo hasta tirarlo al suelo. En Santiago, otro joven denunció públicamente a mediados de mayo una agresión con insultos que quedaron grabados en un vídeo difundido en redes sociales.

Las organizaciones del tercer sector “compensan” las carencias institucionales existentes. Avante Pontevedra proporciona acompañamiento a quien lo solicita y lo deriva, si es necesario, al Centro de Información en Diversidade e Sexualidade (CIDES), adscrito al Centro de Información á Muller (CIM) del Ayuntamiento. Por su parte, Alas A Coruña cuenta con una oficina de atención a la víctima que ofrece recursos “en función de sus necesidades”: ayuda para interponer denuncias, acompañamiento psicosocial o información básica sobre cómo comunicar una agresión.

“Las víctimas necesitan ser escuchadas. Pienso que, primordialmente, el acompañamiento es lo más necesario”, dijo el portavoz de Avante, Diego Feijóo. Lo que ocurre es que, en un primer momento, muchas de ellas “no saben ni por dónde tirar ni qué hacer”, explicó Pablo Zas Varela, técnico de igualdad de Alas.

Diagnóstico: falta de financiación e infradenuncia crónica

El diagnóstico sobre los recursos institucionales fue coincidente. Además de “mínimos” y “poco conocidos”, Feijóo los consideró “infrafinanciados” y estimó que las herramientas disponibles son las “justas”. A nivel general, existen oficinas de atención a la víctima en los juzgados, pero “mucha gente desconoce” su existencia y cuentan con “muy poca oferta” de recursos. También está disponible el teléfono 028, que atiende casos de LGTBIfobia las 24 horas del día, aunque igualmente resulta poco conocido entre quienes sufren este tipo de agresiones. Zas señaló que la Xunta no ofrece recursos propios de atención a la víctima, pese a que “debería ofrecerlos” y “así lo dice la ley” aprobada en 2014, y que son algunos municipios y otras administraciones los que cubren ese vacío con proyectos y financiación propios.

En A Coruña y Pontevedra, la brecha la cubren parcialmente los ayuntamientos: la oficina de Alas está cofinanciada principalmente por el Ayuntamiento coruñés y, desde 2025, también por la Xunta; Pontevedra sostiene el CIDES con financiación municipal.

La situación de infradenuncia es otra de las preocupaciones centrales. “No es habitual que una víctima denuncie ante la Policía”, señaló Zas. En 2024, Alas registró 42 incidentes de odio, de los cuales 33 fueron agresiones. Pese al alcance “limitado” de su registro, la cifra superó los 16 delitos de odio por orientación o identidad de género notificados ese año al Ministerio del Interior en toda Galicia. Entre los motivos de la infradenuncia, Zas citó el informe Estado del odio (2026) de la Federación Estatal LGTBI+, que apunta como razón principal el convencimiento de que denunciar “no serviría para nada”, además del desgaste psicológico que supone el proceso. El técnico subrayó que es un proceso que “psicológicamente cansa y agota” y que “no toda persona tiene que estar preparada ni querer enfrentarse a eso”.

Infradetección en las actas y el doble filo de las redes sociales

El técnico de Alas también advirtió de una “infradetección”: hasta que no se resuelve el proceso judicial, el componente LGTBIfóbico de la agresión a menudo no queda registrado como tal. “Se acaba denunciando como agresión, pero no la motivación”, apuntó. Al mismo tiempo, Feijóo percibió un cambio “muy positivo” y consideró que cada vez más personas denuncian estos hechos, tanto ante la Policía como en redes sociales. Ambos coincidieron en que estos canales ganan peso como vía de denuncia pública. Zas, no obstante, advirtió del “efecto rebote” que puede conllevar la visibilidad en redes: la víctima recibe en poco tiempo “inputs muy positivos” que, al desvanecerse, pueden dejarla en una situación de mayor soledad, lo que refuerza la necesidad del acompañamiento psicosocial.

El asesinato de Samuel Luiz y la respuesta social

El próximo 3 de julio se cumplirán cinco años del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña, que en 2021 movilizó a miles de personas en toda España contra las agresiones LGTBIfóbicas. “La muerte de Samuel causó un shock profundo y creo que hoy en día hay una mayor movilización cuando se produce una de estas agresiones”, dijo Diego Feijóo, portavoz de Avante Pontevedra.

La entidad se reactivó de forma “bastante fuerte” entre 2021 y 2022 y logró trasladar el Orgullo al centro de la ciudad. Feijóo advirtió, con todo, de que la sensibilización es menor hacia colectivos como el de las personas trans.

Tanto Feijóo como Zas coincidieron en que, al menos en sus ciudades, esa movilización no ha desaparecido por completo. Resiste. En Pontevedra, fuera del mes de junio, “cada vez hay más gente” en actividades y concentraciones por casos concretos. “Lo que queda por hacer es todo”, reflexionó Zas, que reclamó seguir luchando para que los avances conseguidos “no se vengan abajo” y apostó por “hacer mucho hincapié en la educación de la juventud”.