La Xunta de Galicia pide un traspaso de la AP-9 sin cargas ni deudas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle la vuelta a lo que la Xunta denomina “la propuesta inicial” de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia.

En la misiva, la conselleira indica al ministro que el Parlamento de Galicia aprobó hace menos de una semana una proposición que reafirma el posicionamiento de Galicia en relación con la transferencia de la AP-9.

Esta aprobación se produjo con el único apoyo de los populares al texto presentado por el grupo mayoritario, con el voto en contra de PSOE y BNG, y en un debate en el que quedó patente la ruptura de la unanimidad sobre la AP-9 también en Galicia. Los populares y la Xunta afirman que lo que quieren es el regreso “al acuerdo unánime” que propició la proposición de ley orgánica que se debate este mismo jueves en el pleno del Congreso.

La carta, enviada este martes, recoge los 12 apartados de la iniciativa aprobada hace seis días (la del PP). En un primer punto, reclama “respetar” el texto aprobado por unanimidad en la Cámara gallega, “preservando la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma”.

En un segundo apartado, requiere que la transferencia “no implique para Galicia la asunción de cargas económicas, deudas, compensaciones o responsabilidades” derivadas de decisiones adoptadas previamente por los distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9.

En tercer lugar, insta al Gobierno central a garantizar que las bonificaciones actualmente vigentes continúen siendo financiadas por el Estado y no recaigan sobre los recursos propios de la comunidad. Un cuarto precepto demanda dotar a la comunidad de los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones de los peajes de la AP-9, especialmente para vehículos pesados, familias numerosas y desplazamientos nocturnos.

Como quinta solicitud, que el Ejecutivo financie, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, todas las actuaciones e infraestructuras necesarias para garantizar una explotación adecuada de la autopista. La sexta demanda se refiere a que asuma cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones ajenas a la responsabilidad de la Xunta que afecten al contrato concesional de la AP-9.

Entre las reclamaciones también figura asumir la supresión de la subida anual acumulativa del 1% de los peajes prevista en el Real Decreto 1733/2011, así como las posibles obligaciones económicas derivadas de la nulidad de las prórrogas de la concesión.

Otro de los puntos reclama que, en el momento de la transferencia, se produzca también el traspaso de los medios humanos, materiales y presupuestarios necesarios. Además, la Xunta pide que el Gobierno no supedite el alcance de la transferencia a futuras negociaciones bilaterales que puedan “desvirtuar o limitar” el mandato aprobado por el Parlamento gallego.

El texto reclama también reconocer la plena capacidad de la Xunta para gestionar la infraestructura, incluyendo la planificación, explotación, conservación y política tarifaria de la autopista. Como último punto, solicita al Ejecutivo estatal toda la información económica, jurídica y concesional vinculada a la AP-9, garantizando la máxima transparencia sobre las obligaciones derivadas de la concesión.

“Cualquier modificación sustancial del texto aprobado por unanimidad en esta Cámara supondría una ruptura del consenso político gallego conseguido alrededor de una infraestructura estratégica para Galicia”, recoge la iniciativa.

“Irrenunciable”

Por su parte, la conselleira incide en su misiva a Puente que el cumplimiento de este acuerdo resulta especialmente relevante para la Xunta, al tratarse de una infraestructura estratégica para Galicia. Allegue destaca que la transferencia debe producirse con garantías jurídicas, económicas y financieras, evitando que Galicia asuma cargas u obligaciones derivadas de decisiones adoptadas previamente por el Estado.

La conselleira traslada al ministro que la Xunta considera “irrenunciable” el respeto íntegro al alcance y contenido de la proposición de ley orgánica, evitando cualquier reinterpretación o limitación que pueda modificar el mandato aprobado por la Cámara gallega.