La Xunta no descartar acudir a la vía judicial tras la convalidación del reparto de menores migrantes no acompañados

El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley que establece un nuevo sistema para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, una medida impulsada por el Gobierno tras alcanzar un acuerdo con Junts. La votación salió adelante con 179 votos a favor del PSOE y sus socios, frente a 170 votos en contra del PP y Vox, y una abstención por parte de UPN. El objetivo del decreto es dar respuesta a situaciones migratorias extraordinarias que afectan especialmente a territorios como Canarias, que actualmente sufre una situación de sobreocupación en sus centros de acogida.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apeló durante el debate a una respuesta de Estado y pidió responsabilidad a los grupos parlamentarios, especialmente al PP y Vox, para apoyar la medida por el bien de los menores y de los territorios más afectados. Subrayó que esta iniciativa es más completa que la rechazada en julio de 2023, y defendió que el nuevo reparto responde a los principios del interés superior del menor, la solidaridad y la cooperación entre administraciones.

Reacción de la Xunta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reclamado al Gobierno central los recursos necesarios para acoger a los 326 menores migrantes no acompañados asignados a Galicia en virtud del nuevo decreto. Aunque ha asegurado que la Xunta cumplirá la ley, ha advertido que no dispone actualmente de ninguna plaza libre para más menores, ya que el sistema de acogida está, según ha dicho, con una sobreocupación del 108%.

Durante unas declaraciones en A Coruña, la conselleira ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándolo de actuar sin diálogo y de favorecer a determinadas comunidades como Cataluña. En este sentido, ha señalado que mientras Galicia deberá acoger a 326 menores, a Cataluña se le han asignado solo 28, lo que ha interpretado como un resultado de los acuerdos políticos entre el PSOE y Junts. Según Fabiola García, la norma está diseñada para beneficiar a esta comunidad y ha pedido que se retome la vía del consenso y del diálogo.