La Xunta pagará las clases de gallego en Londres si el Gobierno firma el "compromiso" de continuidad
VICENTE CAÑADA BLANCH
La Xunta asumirá el coste del profesor de gallego en el Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres durante el curso 2026/27, pero exige un convenio al Ministerio de Educación que garantice su continuidad.
La Xunta ha aceptado la propuesta del Gobierno de asumir el coste de salario y residencia de los docentes de gallego en el Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres durante el curso académico 2026/27, pero le ha pedido al Ejecutivo estatal firmar conjuntamente un convenio "que recoja de forma explícita el compromiso de ambas partes con la continuidad de esta materia", una opción planteada por el propio Ministerio de Educación.
Esta es la última respuesta que la Consellería de Educación ha enviado dentro del intercambio de cartas que están protagonizando ambas administraciones sobre este asunto, a las que Europa Press ha tenido acceso. En la misiva anterior, el Ministerio ya se comprometía a buscar una forma de proveer la plaza de Lingua e Literatura Galegas "de forma regular y estable" desde el curso 2027/28, aunque pedía al Gobierno gallego de que asumiese su coste "exclusivamente" en el próximo para garantizar su continuidad.
Así lo recoge una carta firmada por el subsecretario de Educación, Formación Profesional e Deportes, Santiago Antonio Roura, en la que ya trasladaba el compromiso del Gobierno con el mantenimiento de la enseñanza de gallego en el centro, ubicado en la ciudad de Londres.
Sin embargo, explicó que no sería posible mantener el mismo tipo de convenio (vigente durante 30 años) por una "imposibilidad jurídica". "No se trata, en ningún caso, de suprimir estas enseñanzas, opción que no contemplamos bajo ningún concepto, sino de encontrar una fórmula que ofrezca seguridad jurídica para garantizar su continuidad", expuso.
En este escenario, el Gobierno planteó proveer la plaza de Lingua y Literatura Gallega de forma "regular y estable" en el curso 2027/28 y, hasta entonces, que sea la Xunta quien asuma "exclusivamente" en el curso 2026/27 el coste del profesorado --que implica salario y residencia--, debido a la imposibilidad de resolver la cuestión "de forma inmediata".
Así, el Gobierno central señaló que, con el visto bueno de la Xunta, se establecería un acuerdo de colaboración en los términos anteriormente expuestos como solución temporal para garantizar la continuidad de la docencia de lengua gallega en el centro, lo que el Ejecutivo autonómico ahora ha señalado como condición "imprescindible".
Respuesta de la Consellería
Por su parte, el conselleiro, Román Rodríguez, ha contestado a la carta con una nueva, enviada en la tarde del viernes, 31 de julio. En ella, ha agradecido la disposición de colaboración del Ministerio y que reconsiderase su posición inicial. Sin embargo, ha manifestado su "sorpresa" al ver que un convenio que funcionó "sin incidencias" durante más de 30 años ahora se encuentre "impedimentos jurídicos".
Igualmente, ha trasladado su "voluntad" de asumir el coste del profesorado siempre y cuando se exprese en un convenio que recoja de "forma explícita" el "compromiso" de ambas partes con la continuidad de la materia en el instituto. "Solo así se podrá ofrecer estabilidad, seguridad y previsión al alumnado, a las familias y al propio centro", ha asegurado.
Así las cosas, la Xunta ha remarcado su disposición de avanzar con "celeridad" en la búsqueda de una solución que permita mantener la enseñanza en condiciones de "plena garantía".
Pronunciamiento del PPdeG
Justamente este sábado, en un comunicado, el PPdeG ha reclamado nuevamente explicaciones al Gobierno central a raíz de la decisión de no renovar el convenio que garantiza las clases y ha exigido que se "justifique" esta decisión, teniendo en cuenta el número de alumnos afectados, la trayectoria del programa y el perjuicio para la comunidad gallega en el Reino Unido.
Los diputados gallegos en el Congreso han reprochado, a través de una pregunta dirigida al Gobierno, que la decisión se adoptase "sin que se hayan ofrecido explicaciones oficiales", ya que "ha tenido que ser el propio Gobierno gallego quien denunciara esta situación y reclamara información".
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