La Xunta pone en cuestión las compensaciones a Audasa

La titular de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, sostuvo ayer que la compensación económica concedida a Audasa por las obras realizadas en la Autopista del Atlántico (AP-9) es “denunciable” ante la UE. Lo indicó después de conocerse el informe de la Comisión Galega da Competencia que considera “excesivas” las compensaciones a la concesionaria.

“La Comisión Galega da Competencia confirma que las compensaciones que recibe la concesionaria como consecuencia de ese Real Decreto del año 2011, tramitado en la época de Zapatero, son excesivas”, reprochó Vázquez. Además, dijo que este informe se suma a un dictamen del Consejo Consultivo de Galicia “que ya confirmó el año pasado que esos incrementos de los peajes que pagan los usuarios para financiar esas obras de ampliación de Santiago y Rande eran nulos de pleno derecho”.

A este respecto, aseguró que desde la Xunta leerán con detenimiento el nuevo dictamen y después harán “las gestiones oportunas”, ya que, añadió, es “una compensación denunciable ante la UE”. No obstante, primero la Xunta remitirá al Ministerio de Transportes el mencionado informe con sus observaciones “para que lo tengan en consideración”.

Competencia analiza las concesiones a Audasa y expresa sus dudas por el régimen en el que queda fijado el sistema de compensaciones asociado a las peajes por las inversiones a realizar en la infraestructura, una cuestión que hace una semana fue también cuestionada por la Comisión Europea en relación a la prórroga aprobada por el gobierno de José María Aznar en el año 2000. Así, este organismo establece que el cálculo del sistema de compensación debería orientarse “exclusivamente” a que la concesionaria recupere la inversión y así evitar que estos gastos supongan la “ruptura del económico del equilibrio económico”.

Sin embargo, considera que en el caso de Audasa existe un exceso de la compensación económica que, por tanto, redunda en unos beneficios “injustificados”. De hecho, cree que el 1% de la subida anual de peajes asociada al incremento del IPC que fue le concedida a Audasa por las obras de Rande y Santiago “es muy superior a la que tendría que haber abonado” por la financiación de dichas actuaciones si se adjudicasen “a un operador de mercado”.