Andalucía pide que se declare inexportable el documento con la firma de Cervantes que será subastado en Madrid

La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Cultura que declare “inexportable” el documento notarial firmado por Miguel de Cervantes que saldrá a subasta pública el próximo 27 de mayo en Madrid.

La petición ha sido trasladada por la Consejería de Cultura y Deporte andaluza a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, con el objetivo de impedir que el documento abandone España debido a su relevancia histórica, documental y patrimonial.

La escritura corresponde al folio 390 de un protocolo notarial otorgado en Sevilla el 8 de julio de 1593 ante el escribano público Luis de Porras. El documento, firmado por Cervantes durante su etapa como comisario de abastos de la Corona, habría sido arrancado del protocolo original probablemente a mediados del siglo XIX.

El citado protocolo pertenece a los fondos del antiguo Archivo de Protocolos Notariales que actualmente custodia el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se conserva el resto del volumen documental.

Según ha explicado la Consejería, el documento ya protagonizó un procedimiento judicial iniciado en 1998 tras aparecer en una subasta en Barcelona. En aquel momento, la Junta de Andalucía reclamó su titularidad pública al considerar que formaba parte de los fondos documentales gestionados por el archivo sevillano.

La identificación del folio se sustentó no solo en la firma de Cervantes y el contenido del texto, sino también en diferentes elementos archivísticos y diplomáticos, entre ellos la foliación original, la estructura del cuadernillo, las rúbricas notariales y los restos materiales del arrancamiento conservados en el protocolo.

No obstante, una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictada en 2007 agotó la vía judicial para reclamar la restitución del documento, al prevalecer la posesión privada prolongada y consolidada del mismo.

Ante la imposibilidad de recuperar la escritura por la vía judicial, el departamento que dirige Patricia del Pozo ha optado ahora por solicitar la prohibición de su exportación, argumentando su singular valor histórico y patrimonial.

La Junta ha recordado además que este caso motivó la incorporación en la Ley andaluza de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 2011 de un artículo específico que reconoce el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes documentales pertenecientes al patrimonio histórico andaluz.