Abierto el plazo de aportaciones al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes

El Gobierno ha elevado a audiencia pública y ha abierto ya el plazo para que ciudadanos, entidades y organizaciones sociales puedan presentar aportaciones al texto del Real Decreto que regulará la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El documento se encuentra en fase de audiencia pública, un paso previo a su aprobación definitiva que busca enriquecer la norma con la participación de la sociedad civil.

Este proceso de aportaciones se enmarca en la tramitación de una regularización extraordinaria destinada a dar respuesta a la situación administrativa de cientos de miles de personas migrantes, garantizando derechos, seguridad jurídica e integración social y laboral. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno tras la aprobación, en Consejo de Ministros, del inicio de su tramitación.

El texto establece que podrán acogerse a la regularización las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Entre los requisitos figura también no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

La autorización que se conceda será de residencia con habilitación para trabajar desde el primer día, en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá, posteriormente, el acceso a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

Según el calendario previsto, las solicitudes podrán comenzar a presentarse a principios de abril, una vez culminados los trámites normativos, y el proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. El plazo máximo de resolución será de tres meses, si bien la admisión a trámite —que deberá resolverse en un máximo de 15 días— permitirá a las personas solicitantes incorporarse al mercado laboral.

La norma contempla además la regularización simultánea de los hijos e hijas menores que se encuentren en España, con autorizaciones de residencia de cinco años, reforzando la protección de la unidad familiar como eje del proceso de integración.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que la audiencia pública permite “construir una regulación más garantista, eficaz y ajustada a la realidad”, y ha recordado que la iniciativa da continuidad a una propuesta respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplia mayoría del Congreso.