El Gobierno aprueba la regularización de urgencia de medio millón de migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de enero el inicio de la tramitación de urgencia de un Real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, tras un pacto entre PSOE y Podemos. De este modo, el procedimiento no tendrá que pasar por el Parlamento, donde se encuentra varada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía regular este proceso.

En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los requisitos para la regularización y ha destacado que el Gobierno lleva "toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente".

Del mismo modo, ha argumentado que lo empezado este martes es el "pistoletazo de salida", el trámite de urgencia. Asimismo, Saiz ha reivindicado la regularización como una medida de orden y responsabilidad frente al que mira "hacia otro lado". "Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado", ha asegurado.

De la misma manera, ha apuntado que se trata de la primera medida y "una de las más relevantes" del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que ha avanzado que "verá la luz próximamente". "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", ha apuntado.

También ha expuesto que, con esta medida, el Ejecutivo pretende "seguir siendo faro" para otros países en materia migratoria y, por otro lado, luchar contra el avance de la "ola ultraderechista" que "intenta abrirse paso". "Vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para frenarla, con coherencia, con valores y con lo que ha sido siempre", ha apuntado la ministra.

Requisitos

En cuanto a los requisitos, la medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Otro, según ha informado Saiz, es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

"La integración no es individual, es familiar"

Saiz ha defendido que "la integración no es individual, es familiar". Por ello, ha añadido que el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, han añadido que vigencia será de cinco años. Fuentes de inclusión han precisado a Europa Press que esta vigencia de cinco años solo aplica a los menores y no a sus padres.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

La regularización "no es una excepción"

Igualmente, Saiz ha recalcado que el proceso que se inicia "no es una excepción" y ha recordado que en España hay "una larga trayectoria abordando esta realidad". En concreto, se han llevado a cabo dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

Por otro lado, para llevar a cabo el trámite para acceder a la regularización, la ministra ha avanzado que se habilitarán espacios como subdelegaciones de Gobierno, delegaciones de Gobierno, oficinas de la Seguridad Social. Además, el proceso podrá iniciarse por la vía telemática. "El objetivo es que sea un procedimiento eficaz, ágil", ha asegurado para añadir que hay "semanas por delante para preparar la maquinaria" y que el "procedimiento sea un éxito".

De esta manera, la ministra ha indicado que se retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que "ha permanecido bloqueada demasiados meses".

Traspaso de competencias a Cataluña

Tras el acuerdo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que su formación esta abierta a apoyar la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, algo a lo que se oponían hasta ahora.

Concretamente, en rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha indicado que si se recupera un proyecto legislativo sobre el traspaso competencial Podemos está dispuesto a hacer aportaciones a ese texto, pero ha dejado claro que en ningún caso van a respaldar nada que implique "racismo".

Preguntada por si es más fácil ahora proceder al traslado de competencias, la ministra Saiz se ha limitado a decir que el gobierno "cumple sus acuerdos" especificando que "son cuestiones distintas".