Asturias reconoce el derecho de los emigrantes a participar en la vida pública del Principado

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, una norma que, por primera vez, reconocerá de forma expresa el derecho de los asturianos residentes en el exterior a participar en los procesos públicos impulsados por la comunidad autónoma.

La futura ley, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, incorpora a la diáspora asturiana como parte activa de la vida institucional del Principado y permitirá que los emigrantes asturianos y las personas desplazadas temporalmente fuera de Asturias puedan intervenir en consultas ciudadanas, procesos participativos y mecanismos de propuesta pública impulsados por la Administración autonómica.

El texto reconoce este derecho a todas las personas mayores de 16 años vinculadas a Asturias, independientemente de que residan dentro o fuera del territorio autonómico, una medida especialmente relevante para una comunidad históricamente marcada por la emigración y con una importante presencia de centros asturianos y colectividades en América y Europa.

Entre las principales novedades de la ley figura la posibilidad de realizar consultas ciudadanas no referendarias sobre asuntos de interés público, la creación de presupuestos participativos autonómicos, foros y jurados ciudadanos, así como la puesta en marcha de una iniciativa reglamentaria popular, que podrá activarse con un mínimo de 4.000 firmas.

La norma contempla además la creación de un espacio digital de participación pública que facilitará la intervención telemática de los ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior, así como un Registro de Participación Ciudadana y un Consejo de Participación encargado de supervisar y evaluar el cumplimiento de los derechos recogidos en la ley.

El Gobierno asturiano explica que uno de los objetivos del texto es evitar que la participación quede reducida a un mero trámite formal. Por ello, la Administración estará obligada a motivar públicamente las razones por las que rechace propuestas ciudadanas y se incorpora incluso el principio de silencio positivo en determinados procedimientos promovidos desde la sociedad civil.

La ley también incorpora medidas específicas para garantizar la participación desde zonas rurales o con menor densidad demográfica y prevé acciones de formación, accesibilidad y apoyo económico para facilitar la implicación ciudadana.

El proceso de elaboración del proyecto se desarrolló desde octubre de 2024 mediante encuentros celebrados en todas las comarcas asturianas, con la participación de cerca de 700 personas pertenecientes a más de 400 asociaciones. La metodología del proceso, coordinada por la Universidad de Oviedo, recibió además reconocimiento internacional durante la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto celebrada en Vitoria-Gasteiz en 2025.