25 N | El CGCEE reclama garantizar el derecho al retorno seguro en casos de violencia vicaria

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha presentado un informe en el que pone el foco en una de las medidas más urgentes del Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria: el reconocimiento y garantía efectiva del derecho al retorno seguro para mujeres españolas y sus hijos e hijas cuando afronten situaciones de riesgo grave en el exterior.

El documento, remitido al Ministerio de Igualdad, subraya que este derecho requiere protocolos de actuación ágiles, atención prioritaria en la red consular y apoyo económico y logístico que faciliten una salida inmediata del país donde se produce la agresión. El CGCEE sostiene que muchas víctimas en el exterior se ven atrapadas por la falta de mecanismos internacionales que aseguren su protección y la de sus menores.

La propuesta incluye que el retorno seguro sea una medida de aplicación obligatoria, coordinada entre consulados, administraciones autonómicas, fuerzas de seguridad y servicios sociales, para garantizar una respuesta continua desde el país de residencia hasta la llegada a España. Además, el informe plantea asegurar alojamiento temporal, acceso inmediato a la justicia y a los recursos de protección, así como el reconocimiento automático de medidas cautelares dictadas fuera de España cuando exista riesgo para los menores.

Además de esta medida, el informe propone un conjunto amplio de actuaciones que buscan reforzar la protección integral más allá del territorio nacional. Entre ellas, la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 para que sus mecanismos de protección se extiendan formalmente a las españolas residentes fuera del país; la puesta en marcha de programas de sensibilización, información y asistencia jurídica internacional adaptados al contexto exterior; el refuerzo de la coordinación institucional entre consulados, embajadas, autoridades locales y administraciones españolas; la formación obligatoria en violencia vicaria para el personal del Servicio Exterior; la inclusión en las estadísticas oficiales de los casos ocurridos fuera de España que afecten a mujeres españolas y a sus hijos e hijas; y la modificación de la Ley 2/2014 de Acción y del Servicio Exterior para incorporar de forma explícita la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer como prioridades de la política exterior.

El CGCEE sostiene que estas medidas permitirán adaptar la respuesta institucional al contexto internacional y evitar que las mujeres españolas queden desprotegidas por su lugar de residencia. “Ninguna mujer española debería carecer de protección por el simple hecho de vivir en el exterior”, concluye el informe, que pide su plena incorporación en el texto final de la ley.