¿Es la circunscripción exterior la solución al eterno debate sobre el voto emigrante?

El debate sobre el voto exterior no es nuevo. Durante años, los españoles residentes fuera del país han tenido que enfrentarse a un sistema electoral especialmente complejo. En 2011, además, una reforma electoral eliminó para los españoles inscritos como residentes permanentes en el extranjero el derecho a participar en las elecciones municipales. Ese mismo año se introdujo el conocido como "voto rogado" para las elecciones generales, autonómicas y europeas: los electores del CERA tenían que solicitar previamente la documentación electoral para poder votar.

El resultado fue un desplome de la participación exterior. La propia exposición de motivos de la reforma de 2022 reconoció que, tras la implantación del voto rogado, menos del 10% de los electores CERA llegaron a solicitar el voto en distintos procesos electorales, frente a porcentajes muy superiores antes de 2011.

En 2022 se dio marcha atrás y se eliminó el voto rogado. Se recuperó el envío de oficio de la documentación electoral y se introdujeron otras medidas para facilitar el sufragio desde el extranjero. Fue un cambio importante, pero dejó intacta una cuestión de fondo: cómo se representa políticamente a quienes viven fuera de España.

Y esa pregunta ha vuelto a cobrar especial relevancia en los últimos años.Pero la reivindicación que ahora plantea el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) va un paso más allá. La cuestión ya no es solamente cómo garantizar que el español que vive fuera pueda votar. La pregunta es quién representa políticamente a esos españoles. La propuesta es crear una circunscripción exterior, de manera que los ciudadanos españoles residentes fuera del territorio nacional puedan elegir directamente a sus propios representantes en el Congreso y el Senado.

La idea supone cambiar el enfoque del debate: pasar del "voto exterior" a la representación exterior.

El nuevo conflicto: quién puede votar desde el exterior

La controversia se ha trasladado ahora al propio Censo Electoral de Residentes Ausentes. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente en septiembre los efectos electorales de las inscripciones en el CERA de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como "ley de nietos", así como las nuevas altas derivadas de esta vía, salvo aquellos casos en los que se acredite el vínculo con el exilio en los términos establecidos por la norma.

La medida es cautelar, no supone la retirada de la nacionalidad y queda pendiente de una sentencia definitiva. La Junta Electoral Central, además, ha asumido la decisión del Supremo y ha solicitado información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para determinar qué nacionalizados cumplen las condiciones exigidas.

El propio Supremo justificó la medida por lo que consideró un incremento extraordinario del CERA que podía generar un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia del proceso electoral.La controversia vuelve a poner sobre la mesa, por tanto, una cuestión que acompaña al voto exterior desde hace años: cómo garantizar al mismo tiempo el derecho de sufragio de los españoles que viven fuera y la seguridad, transparencia y trazabilidad del censo electoral.Y precisamente aquí aparece con más fuerza la propuesta de crear una circunscripción exterior.

Del «voto exterior» a la «representación exterior»

La propuesta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) plantea ir un paso más allá: que los españoles residentes fuera de España no solo puedan votar con facilidad, sino que tengan sus propios representantes en el Congreso y en el Senado. La diferencia no es menor. Actualmente, los votos del CERA se integran en las circunscripciones territoriales correspondientes. Un español que vive en Buenos Aires, Bruselas, Ciudad de México o París participa en las elecciones generales dentro de la lógica de una provincia española, aunque su vida cotidiana, sus problemas y sus intereses estén vinculados principalmente a la realidad del exterior.

La circunscripción exterior cambiaría esa lógica. Los ciudadanos residentes fuera del territorio nacional elegirían directamente a representantes cuyo mandato estaría vinculado a esa realidad.

La cuestión dejaría de ser únicamente «cómo votan los españoles que viven fuera» para convertirse en otra mucho más profunda: quién representa a la España exterior.

También cambiaría una de las polémicas habituales

La existencia de una circunscripción exterior también podría modificar el argumento y debate del voto de la emigración: la pregunta de por qué una persona que reside permanentemente fuera de España debe influir en quién gobierna el país. En España los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Eligen a los diputados, y estos intervienen posteriormente en la investidura del presidente. Por tanto, el elector exterior participa hoy en la misma aritmética parlamentaria que un elector residente en España.

Una circunscripción exterior no eliminaría por sí misma esa influencia, pero cambiaría su lógica representativa. El ciudadano que vive fuera ya no estaría votando dentro de una circunscripción territorial española en la que no reside, sino eligiendo representantes específicamente vinculados a la comunidad española exterior.

La discusión podría pasar así de "¿por qué alguien que vive fuera decide sobre el Gobierno de España?" a "¿cómo debe estar representada democráticamente la ciudadanía española que vive fuera?".

Es un cambio de enfoque sustancial.

Una cuestión que ya tiene precedentes en Europa

España no partiría de cero. Francia cuenta con once circunscripciones electorales para los franceses residentes en el extranjero en la elección de la Asamblea Nacional y con representación específica de los franceses del exterior en el Senado.

Italia dispone de una Circoscrizione Estero, con escaños reservados para los ciudadanos italianos residentes fuera del país y dividida en grandes áreas geográficas.

Portugal, por su parte, cuenta con dos circunscripciones para los portugueses residentes en el extranjero: una para Europa y otra para el resto del mundo.

También existen fórmulas de representación específica de los ciudadanos residentes en el exterior en países latinoamericanos como Ecuador, Colombia o República Dominicana. La idea, por tanto, no consiste en crear una excepción española, sino en estudiar un modelo que ya existe en distintos sistemas democráticos.

Asturias como laboratorio de la España exterior

La propuesta también ha encontrado un reflejo en el ámbito autonómico. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha planteado la creación de una circunscripción específica para los asturianos residentes en el exterior en la Junta General del Principado.

La propuesta contempla un escaño específico elegido directamente por los asturianos inscritos en el CERA. El Parlamento asturiano mantendría sus 45 diputados, de modo que ese escaño se detraería de la circunscripción central, que pasaría de 34 a 33. Las circunscripciones occidental y oriental mantendrían sus seis y cinco escaños, respectivamente.

Barbón ha defendido que, idealmente, el representante de esa circunscripción debería residir en el exterior y conocer de primera mano la realidad de las Casas y Centros de Asturias repartidos por el mundo. El planteamiento introduce una idea que puede trasladarse al debate nacional: si existe una Asturias exterior que merece representación propia, también cabe preguntarse cómo debe representarse políticamente la España exterior.

¿Acabaría la circunscripción exterior con la polémica?

No necesariamente con toda ella. Una circunscripción exterior no resolvería automáticamente los problemas técnicos del voto por correo, la gestión consular, los plazos, el censo o la participación. Tampoco acabaría con el debate jurídico que ha provocado la reciente suspensión cautelar del voto de parte de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.

Pero sí podría resolver —o al menos desplazar a otro terreno— una de las controversias más persistentes: la falta de una representación política específicamente vinculada a quienes viven fuera de España. Después del voto rogado, España afrontó el problema de cómo facilitar el voto. La recuperación del voto sin solicitud previa corrigió buena parte de aquella barrera. Ahora aparece una cuestión diferente: no basta con garantizar que la papeleta llegue; también hay que preguntarse a quién sirve esa papeleta y quién representa los intereses de quien la deposita desde el extranjero.